Por : Orlando De La Hoz
Senador de la República
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1368 de 2026 para flexibilizar el porte de armas en Colombia bajo la conocida falacia de que «la gente decente tiene derecho a defenderse». La medida, impulsada directamente por Abelardo de la Espriella, revive el viejo dogma de la autodefensa armada. No asombra este zarpazo de quien ha construido su figuración pública sobre la ostentación estridenciosa y una estética abiertamente mafiosa y bélica, donde el honor se mide en el calibre de un revólver. Gobernar un país exhausto por la violencia exige visión de Estado, no las ocurrencias de un personaje empeñado en resolver la seguridad repartiendo permisos para disparar.
En una sociedad lacerada por la intolerancia cotidiana, la iniciativa de Abelardo de la Espriella es una condena. Colombia registra anualmente más de 400.000 llamadas a la Policía por riñas y enfrentamientos ciudadanos, mientras que en las principales urbes cerca del 20% de los homicidios ocurren en medio de actos de intolerancia. Con este decreto, un reclamo por música alta, un roce de tránsito o una discusión de acera ya no terminarán en cruce de palabras, sino en tragedias provocadas por armas «amparadas». Armar a la ciudadanía no es democratizar la protección: es verter gasolina sobre la ira social.
Las investigaciones en Colombia desmienten el sofisma del armamento civil. Estudios de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) e investigaciones sobre seguridad urbana demuestran que un incremento del 1% en la tenencia de armas se traduce en un aumento de hasta un 1,5% en las tasas de homicidio. El «ciudadano de bien» abatiendo criminales es una fábula televisiva: la realidad muestra que el armamento legal termina abasteciendo el mercado negro —donde por cada arma legal existen al menos 3 o 4 ilegales— o usado en violencia intrafamiliar, suicidios, riñas de borrachera y feminicidios, escenario donde más del 50% de los crímenes contra mujeres se cometen con armas de fuego.
La evidencia internacional es aplastante. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirman que las armas se convirtieron en la primera causa de muerte en niños y adolescentes al superar los 4.300 menores fallecidos al año. En el Brasil de Bolsonaro, la flexibilización causó un aumento del 241% en los registros de particulares, permitiendo que el crimen organizado se armara legalmente tras la fachada de «tiradores deportivos». En Venezuela, la permisividad inicial elevó en su momento la tasa a más de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, transformando barrios enteros en feudos armados insostenibles.
Lejos de apoyar a la Fuerza Pública, la ocurrencia de De la Espriella la degrada. Exigirle a un patrullero en la noche que diferencie en milisegundos a un «ciudadano amparado» de un sicario es someter a los más de 160.000 integrantes de la Policía Nacional a un riesgo inaceptable, mientras el Estado renuncia a su deber constitucional. La retórica bélica de Abelardo de la Espriella complace al paramilitarismo cultural y rinde en redes, pero la seguridad no se edifica convirtiendo al país en una milicia urbana paranoica. Esta medida no traerá orden; solo nos dejará más descomposición, violencia y funerales que lamentar.
