El diferendo limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia por el Corredor Universitario es uno de los conflictos territoriales más relevantes del Caribe colombiano en las últimas décadas. Involucra aproximadamente 1.400 hectáreas de una zona estratégica que alberga universidades (como la del Atlántico, Libre, del Norte y Sergio Arboleda), colegios de prestigio, clínicas, centros comerciales, cementerios y desarrollos residenciales de alto valor como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín. Más allá de la disputa jurídica, el conflicto tiene profundas implicaciones económicas, administrativas y de ordenamiento territorial para ambos entes.
El origen del diferendo se remonta a una indefinición histórica de límites. La Ordenanza 30 de 1913, expedida cuando el departamento del Atlántico se reorganizaba, estableció de manera genérica los linderos entre Barranquilla y el entonces naciente municipio de Puerto Colombia (conformado por territorios de Sabanilla, Salgar y La Playa). Esa norma utilizó referencias imprecisas y topónimos genéricos que, con el tiempo y el crecimiento urbano, generaron ambigüedad. Durante gran parte del siglo XX la zona se administró de forma práctica según usos y costumbres, sin una delimitación cartográfica rigurosa.
El conflicto se agudizó a finales de los años 90 y especialmente en 2009, cuando la Asamblea Departamental del Atlántico expidió la Ordenanza 075, que asignó formalmente el Corredor Universitario a Puerto Colombia. Esta decisión fue demandada y, en 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico la declaró nula. En 2025 el Consejo de Estado confirmó esa nulidad, argumentando que la Asamblea carecía de competencia para modificar límites entre un municipio y un Distrito Especial. Según la normativa vigente (particularmente la Ley 1617 de 2013), esa facultad corresponde al Congreso de la República, previa intervención técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La anulación reabrió el litigio y obligó a iniciar un proceso formal de deslinde.
Barranquilla sostiene que el Corredor Universitario siempre formó parte de su jurisdicción histórica y que las ordenanzas departamentales constituyeron una segregación ilegal de territorio. Argumenta que los fallos judiciales le dan la razón y que el informe técnico del IGAC, presentado en 2026, traza una línea divisoria que le asigna la mayor parte del área en disputa, incluyendo Villa Campestre, varias universidades y el Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín.
Desde la perspectiva distrital, recuperar la zona permitiría una mejor planeación urbana, mayores inversiones en infraestructura, seguridad y espacio público, y un incremento significativo en el recaudo de impuestos predial e industria y comercio. El alcalde Alejandro Char ha insistido en que se trata de “territorios que siempre le pertenecieron” a Barranquilla y que la ciudad tiene mayor capacidad institucional para atender las necesidades de la zona.
Puerto Colombia, por su parte, defiende el control tradicional y administrativo que ha ejercido sobre el sector, al que históricamente se refiere como Sabanilla Montecarmelo. Sostiene que ha sido el municipio el que impulsó el desarrollo urbanístico, comercial y educativo de la zona durante décadas, y que de ella depende una porción sustancial de sus ingresos (estimaciones hablan de hasta el 70 % del presupuesto municipal). Perder el Corredor Universitario representaría un golpe fiscal severo que afectaría la prestación de servicios y la autonomía local.
Las autoridades porteñas argumentan que el fallo del Consejo de Estado solo anuló una ordenanza, pero no fijó nuevos límites, y que la decisión definitiva corresponde a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso. Además, reclaman que cualquier deslinde debe respetar el límite tradicional y los derechos de los residentes y contribuyentes que han estado vinculados administrativamente a Puerto Colombia.
Actualmente el proceso se encuentra en manos del Congreso, que debe decidir sobre la base del informe técnico del IGAC. Mientras tanto, la incertidumbre genera tensiones políticas, afecta la seguridad jurídica de los predios y mantiene en vilo a miles de habitantes y empresas. El diferendo ilustra las dificultades del ordenamiento territorial colombiano cuando el crecimiento urbano desborda normas antiguas e imprecisas, y pone de manifiesto la necesidad de soluciones técnicas, participativas y definitivas que equilibren la historia, la realidad socioeconómica y la capacidad institucional de ambos territorios.
