Por : Orlando De La Hoz
Senador de la República
La llamada “ley de sometimiento”, impulsada por Abelardo De La Espriella y este gobierno, representa un acto de descarada hipocresía política. Quienes construyeron su carrera atacando sin tregua la «Paz Total» de Gustavo Petro, deslegitimando cualquier intento de diálogo y exigiendo «mano dura» contra toda salida negociada, hoy redactan un marco de impunidad a la medida. Pero el engaño es aún más profundo: esta iniciativa no se concibe desde la neutralidad del Estado, sino desde la complicidad directa. Las estructuras criminales, las mafias, los lavadores de activos y las redes paramilitares están del lado de Abelardo, y esta propuesta no es más que el salvavidas normativo redactado por y para sus propios aliados.
El gobierno montó un teatro grotesco para consumo mediático: salen ante las cámaras a perseguir y encarcelar al pequeño delincuente de barrio, armando un show punitivo mientras le gritan con cinismo “¡bienvenido a la patria, milagro!” para fingir autoridad. Es una puesta en escena tan burda como falsa, pues el país sabe muy bien que la verdadera criminalidad no se esconde en los sectores vulnerables; los verdaderos capos, lavadores de cuello blanco y grandes testaferros no viven en los barrios más pobres: habitan en los sectores de mayores ingresos y alternan en los clubes más exclusivos. Mientras entretienen a la opinión pública con el eslabón más débil, el verdadero poder criminal opera con total tranquilidad desde las zonas más acaudaladas del país.
Lo más grave de este diseño es que permite blanquear, mediante penas irrisorias, a los grandes delincuentes que han construido inmensas fortunas en toda clase de negocios ilícitos. Al otorgar reducciones punitivas sustanciales sin exigir la extinción total y comprobable de los imperios económicos amasados por el narcotráfico, el contrabando o la corrupción, la ley convierte la sanción penal en un costo operativo ínfimo para blindar a los intocables de arriba. Desde el Congreso daremos la batalla legislativa para frenar este zarpazo a la institucionalidad y defender la dignidad de la patria: no permitiremos que conviertan a nuestra justicia en la escudera de la mafia ni a las instituciones del Estado en el refugio impune de los delincuentes.
