Cada mañana y cada tarde, miles de niños, niñas y adolescentes de Soledad se enfrentan a una ruleta rusa de asfalto. El puente peatonal que debería unir a los colegios Inem e Itida permanece inutilizado, y con él se desvanece la promesa más básica que un Estado puede hacerle a su población escolar: llegar a clase con vida e integridad.
La alcaldesa Alcira Sandoval ha vuelto a alzar la voz. Y hace bien. Porque cuando 10.918 estudiantes, además de docentes, padres de familia y peatones, están expuestos diariamente a un corredor de alta velocidad como la Calle 30, el problema deja de ser de infraestructura y se convierte en una cuestión de derechos fundamentales.
El artículo 44 de la Constitución no es un adorno: establece con claridad que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. ¿O es que en Soledad esa prevalencia solo aplica en los discursos?Lo más grave no es solo que el puente no funcione. Es que se insiste en esperar un “macroproyecto” mientras los estudiantes cruzan entre buses, motos y camiones. Sandoval lo dijo sin rodeos:“No podemos esperar a que se ejecute un macroproyecto de infraestructura para proteger la vida de nuestros estudiantes”.
Tiene razón. La seguridad de los niños no puede quedar supeditada a los tiempos de la burocracia, las licitaciones o los estudios interminables.
En la reciente mesa de trabajo en el ITIDA se lograron compromisos mínimos: señalización, reductores de velocidad, cruces peatonales, más agentes de tránsito, controles de velocidad, iluminación y estudios técnicos. Son medidas temporales, sí, pero necesarias. La Alcaldía ya ha hecho su parte al solicitar reductores a Invías y al desplegar agentes en los horarios pico. Ahora le corresponde a las entidades nacionales y departamentales con competencia sobre el corredor de la Calle 30 y la avenida Circunvalar pasar de las palabras a los hechos.
No basta con anunciar. Hay que ejecutar. Y para que eso ocurra, es acertado el llamado de la alcaldesa a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. Cuando están en juego los derechos de miles de menores de edad, el acompañamiento de los órganos de control no es un favor: es una obligación.
La Calle 30 no puede seguir siendo un escenario de riesgo cotidiano para la comunidad educativa de Soledad. Mientras las autoridades competentes se demoran en actuar, cada día que pasa es un día de más en el que la vida de un estudiante queda en manos del azar. La alcaldesa tiene razón al insistir: “La vida de nuestros estudiantes está por encima de cualquier trámite”.
Es hora de que esa afirmación deje de ser solo un titular y se convierta en una realidad verificable, segura y sostenible. Porque los niños de Soledad no pueden seguir esperando.
