Por : Orlando De La Hoz
Senador de la República
Hay una violencia silenciosa que no tapa ningún parque recién pintado. Nadie desconoce que Alejandro Char le cambió la cara a Barranquilla: el pavimento donde antes había arroyos, el alumbrado deslumbrante y las postales impecables del Gran Malecón venden la ilusión de un progreso ininterrumpido. Pero debajo de esa costra de concreto, la ciudad sangra. La capital del Atlántico se ha ido transformando en un enclave donde la extorsión ahoga al comerciante de barrio y los homicidios selectivos ocurren a plena luz del día, evocando episodios oscuros del crimen organizado regional, mientras el relato oficial insiste en la fotografía del desarrollo.
El deterioro de la seguridad coexiste con la sombra de sospechas institucionales que la opinión pública no puede ignorar. Una de las investigaciones periodísticas más contundentes la reveló la Revista RAYA, exponiendo chats y testimonios sobre el presunto cobro de una coima del 10% (unos $300 millones) en contratos de la Secretaría de Gobierno para beneficiar al senador Efraín “Fincho” Cepeda. En las filtraciones de las conversaciones interviene Clemente Fajardo, entonces secretario de Gobierno de la administración Char, presionando al contratista para “cumplirle” a Cepeda.
A esta trama se suman los graves señalamientos del contratista Luis Enrique Guzmán Chams, quien debe ser escuchado por la justicia en su denuncia sobre cobros de coimas en la adjudicación del contrato del Mega Tanque de infraestructura hídrica. En ese entramado salta de forma recurrente el nombre de Héctor Amarís Rodríguez, conocido como “El Oso Yogui” y señalado de actuar como la mano derecha del mandatario local. Asimismo, persisten los requerimientos radicados ante la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés: Financial Crimes Enforcement Network), solicitando rastrear operaciones y movimientos de capital asociados a Serfinanza.
Ese expediente no se da de manera aislada; se enmarca en una secuencia de escándalos judiciales que salpican al mismo entorno político: desde las revelaciones de Aída Merlano sobre presuntas maquinaciones electorales, hasta los procesos en los estrados judiciales que involucran a su hermano, el exsenador Arturo Char.
Ahora, la cúpula del poder local parece envalentonada tras la consolidación del escenario político nacional encabezado por la figura de Abelardo de la Espriella en la Presidencia, reforzado por la presencia estratégica en el gabinete ministerial —con Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte y Mauricio Gómez Amín en el Ministerio de Comercio Exterior—. Sin embargo, calcular que el electorado local aceptará este panorama de forma pasiva es un error de lectura. Barranquilla ya ha demostrado que no traga entero: en las urnas, la ciudadanía ha marcado distancias con las directrices de la casa política tradicional, otorgándole su respaldo a opciones progresistas representadas por figuras como Iván Cepeda.
Barranquilla no puede resignarse a aceptar la obra pública como un chantaje a cambio de silencio frente a la inseguridad y las presuntas coimas. La Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad constitucional de actuar sin dilaciones ni sesgos políticos. Corresponde al ente de control examinar minuciosamente el testimonio de Guzmán Chams, cada denuncia, cada prueba y cada contrato antes de que la verdad institucional quede sepultada bajo las placas de cemento de la ciudad.
