Por : Orlando De La Hoz
Senador de la República
Lo que el Ministerio del Trabajo pretende presentar bajo el título de “Estatuto del Trabajo” no es más que una contrarreforma laboral diseñada para flexibilizar el trabajo a través del pago por horas, favoreciendo al gran capital a costa de la precarización de los trabajadores colombianos. Como senador de la República se lo expresé de manera directa e inequívoca a la ministra de Trabajo en el recinto de la Comisión Séptima del Senado: sobre esta propuesta reina una absoluta opacidad, al punto de que a la fecha no existe un texto oficialmente radicado en el Congreso ni un número de proyecto asignado. Todo se redujo a un anuncio en rueda de prensa sobre una presentación que jamás se concretó, seguido por el retiro intempestivo de la noticia en los portales de los principales medios de comunicación que inicialmente la publicaron.
Esta maniobra es grave porque pretende saltarse el diálogo social de rango constitucional. El Gobierno omitió convocar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, vulnerando de forma flagrante el mandato del artículo 56 de la Constitución Política y el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 410 de 1997—, el cual exige la consulta tripartita entre trabajadores, empleadores y Estado antes de tramitar cualquier modificación sustancial a la legislación laboral.
En el plano económico e institucional, las actuaciones del Ejecutivo contradicen su propio discurso. Mientras se utiliza el sofisma de la flexibilización para supuestamente combatir la informalidad laboral —que según el DANE se ubica en el 54,6 %—, en el presupuesto del Ministerio del Trabajo no existen partidas ni políticas reales dirigidas a incentivar o promover el empleo formal; por el contrario, la cartera de Trabajo proyecta recortes presupuestales en los rubros de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), desarmando operativamente a los inspectores de trabajo e imposibilitando la garantía de condiciones de trabajo decente y justo tanto para empleados como para empleadores respetuosos de la ley.
A este preocupante escenario se suma la amenaza directa contra el sistema pensional. El esquema de pago por horas fractura la cotización continua e impide la acumulación de las 1.300 semanas legalmente requeridas para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media. Esta precarización no solo imposibilita la jubilación de miles de trabajadores, sino que genera incertidumbre sobre los recursos del sistema administrados por Colpensiones, entidad a la que recientemente se trasladaron más de 166.000 colombianos aprovechando la ventana de oportunidad pensional.
Frente a este intento de destrucción de las garantías laborales que evade el mandato constitucional de la concertación, la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación. Hago un llamado firme y urgente a la movilización pacífica y organizada del pueblo trabajador, de las centrales obreras, los sindicatos, la juventud y los movimientos sociales a lo largo y ancho del país. La defensa del trabajo decente, de la estabilidad laboral y de una jubilación digna no solo se da en las curules del Congreso, sino en la calle, con la fuerza popular consciente defendiendo los derechos históricos de la clase trabajadora. Nos vemos el 14 de octubre en las calles.
