Por : Orlando De La Hoz
Senador de la República
Sesenta días bastaron para comprobar de qué está hecho este gobierno. En apenas dos meses, la administración de Abelardo ha desplegado una agenda veloz para desmontar conquistas sociales básicas y afianzar un modelo autoritario. Pero que les quede claro: el pueblo no copea. La movilización de este 14 de octubre no es un ejercicio retórico ni un capricho partidista; es la respuesta ciudadana ante un paquete de medidas que atenta contra la economía familiar, las libertades democráticas y la soberanía del país.
Las señales económicas del inicio de mandato son de alerta máxima. El más reciente reporte del DANE confirmó que la tasa de desempleo nacional subió al 9,4 % en agosto, destruyendo cerca de 126.000 empleos y dejando a más de 2,4 millones de colombianos en la desocupación. Lejos de ofrecer soluciones estructurales a esta contracción laboral, la respuesta oficial es abrirle paso a una agenda de flexibilización que apunta peligrosamente hacia la imposición del pago por horas, amenazando la estabilidad de más de 13 millones de trabajadores informales.
A la par, se busca desmontar la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), el pilar de protección social que le garantizaba por primera vez una renta básica e ingreso digno a más de 2,5 millones de adultos mayores en extrema pobreza. A esto se suma el visto bueno al marchitamiento del salario mínimo vital y la entrega del Ministerio de Salud a sectores vinculados a las EPS (ACEMI), blindando un negocio financiero con deudas que superan los 25 billones de pesos a costa de la vida de la gente.
Frente a este deterioro de las condiciones de vida, el primer pilar del Ejecutivo ha sido la contención y la censura de la protesta social. El anunciado Estatuto Antiterrorista no busca garantizar la seguridad ciudadana, sino construir un marco punitivo para criminalizar la movilización y sofocar la disidencia. A esta lógica autoritaria se suma la violación de la autonomía universitaria para silenciar los claustros y el pensamiento crítico, la promoción del armamento civil como pretendida política de seguridad y un estilo de comunicación oficial volcado al espectáculo mórbido sobre escenarios de violencia.
El desmonte institucional alcanza también al sector rural y a la memoria histórica. Pretender rebautizar al campesinado como «pequeños empresarios del campo» ignora la deuda histórica con la tierra y la soberanía alimentaria. En esa misma línea, las recientes directrices en el ICBF fracturan la protección de la infancia y alejan a las niñas de sus entornos comunitarios, al tiempo que el recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asfixia los mecanismos de verdad y reparación para favorecer la impunidad. Todo esto enmarcado en una narrativa oficial salpicada de discriminación y consignas de corte rancio como «¡Viva Cristo Rey!».
En el plano internacional, la política exterior ha quedado reducida a un alineamiento servil. Colombia se ha desmarcado de conceptos clave sobre derechos sexuales y reproductivos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha comprometido la soberanía nacional integrándose al esquema militar norteamericano del «Escudo de las Américas» y se convirtió en el segundo Estado del mundo en reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán sirios, en obediencia a la agenda geopolítica de Netanyahu y Trump.
Frente al deterioro laboral, la pérdida sistemática de derechos y el menoscabo de la soberanía, la ciudadanía tiene el derecho y el deber constitucional de hacerse escuchar. Este 14 de octubre marchamos en paz, con cifras en la mano, con argumentos y con la convicción de defender la vida, el trabajo digno, la salud y la democracia en las calles.
