Después de una década de políticas de acogida y regularización de venezolanos que, huyendo de la crisis económica, política y social de su país, llegaron a Colombia buscando mejores condiciones, Colombia inició un cambio profundo en normatividad migratoria con la llegada de Abelardo De la Espriella al poder. El mandatario ordenó a las autoridades, especialmente a la Policía Nacional y Migración Colombia, para localizar a los delincuentes extranjeros en nuestro territorio y deportar a los foráneos que no tengan regularizado su estatus en el país.
De acuerdo con las cifras que manejan organizaciones de ayuda a esa población y del mismo gobierno de Colombia, son aproximadamente 2,8 millones de venezolanos, que representan cerca del 90 % de la población migrante del país. De ellos, alrededor de 848.000 se encuentran en situación irregular, incluyendo unos 193.000 menores de edad.
Vale recordar que el 1 de marzo de 2021 el entonces presidente Iván Duque decretó las medidas para regularizar a casi dos millones de personas y con su sucesor Gustavo Petro, el proceso tuvo menos celeridad, manteniéndose el tránsito por el Darién hacia Estados Unidos.
Con el ultraderechista De la Espriella se da prioridad a la seguridad y el nacionalismo, alineándose con un discurso que asocia migración irregular con delincuencia, aunque los datos realistas le quitan peso a esa narrativa.
Percepción de inseguridad
Para el nuevo gobierno es prioridad mejorar la percepción de inseguridad en ciudades como Bogotá, Cali o Barranquilla, donde consideran los entrantes funcionarios, que hay relación directa entre la llegada masiva de migrantes con el aumento en la ocurrencia de delitos .
Al enfocarse primero en quienes cometen delitos, el gobierno pretende enviar un mensaje de mano dura, similar a las políticas de “cero tolerancia” aplicadas en otros países. Sin embargo, la no está considerando que la ejecución masiva de deportaciones enfrenta obstáculos logísticos y jurídicos: la capacidad operativa de Migración Colombia es limitada, los costos de vuelos y detenciones son elevados, y el debido proceso constitucional exige garantías que podrían ralentizar las expulsiones.
A lo anterior se suma que muchos ciudadanos “sin papeles” viven o se movilizan en zonas urbanas o fronterizas donde la identificación y captura resultan complejas, y una proporción significativa de menores podría generar crisis humanitarias si se separan familias.
Lo comprobado hasta el momento es que las cifras disponibles descartan la idea de que los venezolanos sean el principal motor del aumento de la delincuencia en Colombia. Según datos del Inpec de 2026, de los 101.546 privados de la libertad en el país, 6.318 son extranjeros (6,2 % del total). Los venezolanos representan 5.791 de esos extranjeros (91,7 % de los reclusos foráneos) y el 5,7 % de la población carcelaria total. Considerando que los aproximadamente 2,8 millones de venezolanos equivalen a alrededor del 5,2-5,4 % de la población colombiana (estimada en unos 53-54 millones), su proporción en las cárceles es ligeramente superior a su peso demográfico, pero no desproporcionada de manera extrema.
Cifras reveladoras
Datos históricos de capturas muestran un aumento absoluto de venezolanos detenidos a medida que creció la migración (de porcentajes muy bajos en 2016 a cifras cercanas al 5-8 % en años posteriores en algunas ciudades), concentrados principalmente en hurtos a personas y comercio, y en menor medida en narcotráfico.
Estudios académicos (incluyendo análisis de panel municipal y variables instrumentales) encuentran efectos modestos o nulos sobre delitos violentos como homicidios o lesiones personales atribuibles a la migración, y aumentos pequeños y de corto plazo en hurtos. En contraste, los venezolanos aparecen de manera desproporcionada como víctimas: entre 2021 y principios de 2026 se registraron miles de homicidios de ciudadanos venezolanos en Colombia, con picos anuales cercanos a los 900-950 casos en algunos años. Estudios sobre la frontera evidencian que el aumento de homicidios tras la reapertura de pasos fronterizos se concentró en víctimas venezolanas, no en colombianos nativos.
En el plano económico y social, los venezolanos han aportado mano de obra en sectores como la construcción, el comercio informal, el servicio doméstico y la agricultura. Estudios previos indican que su integración ha tenido efectos netos positivos en el crecimiento local, aunque también presiones sobre servicios públicos, vivienda y empleo informal.
Una deportación a gran escala podría generar escasez laboral en algunos nichos, aumentar la informalidad residual y provocar un retorno de flujos migratorios hacia terceros países o un aumento del tránsito irregular por el Darién.
Humanitariamente, el cambio rompe con la tradición de Colombia como principal receptor de la crisis venezolana en América Latina. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición advierten sobre riesgos de xenofobia, estigmatización y violación de principios de no devolución, especialmente si se deporta a personas que enfrentan persecución o crisis humanitaria en Venezuela.
Sociedad polarizada
El discurso que equipara irregularidad migratoria con criminalidad —cuando la irregularidad es una falta administrativa, no un delito— puede polarizar aún más a una sociedad ya dividida tras unas elecciones reñidas.
En conclusion, mientras que una minoría de migrantes participa en delincuencia común —como ocurre con cualquier grupo poblacional en condiciones de precariedad—, la gran mayoría no lo hace, y la narrativa de “invasión criminal” no se sostiene con las cifras oficiales.
El aumento general de la inseguridad en Colombia durante los últimos años se explica mejor por la expansión de grupos armados ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal y la debilidad institucional que por la migración venezolana.
El giro colombiano presenta un claro paralelismo con las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Ambos líderes emplean un discurso nacionalista (“America First” / “primero los colombianos”), priorizan la deportación de quienes cometen delitos y de los irregulares, y vinculan migración con criminalidad e inseguridad. En Estados Unidos, la administración Trump ha intensificado redadas del ICE, deportaciones masivas, la cancelación de protecciones temporales (como TPS para venezolanos) y el endurecimiento de asilos, con el argumento de recuperar el control fronterizo y reducir la delincuencia. De la Espriella replica la lógica: operativos policiales coordinados, expulsión rápida y mensaje de disuasión”.
