Por Orlando De La Hoz Senador electo del Pacto Histórico
La complicidad con la barbarie empieza con la indiferencia ante el abismo. Hoy Colombia no se debate entre dos modelos de Estado; se debate entre la civilidad y la barbarie. Por eso, el proyecto que lideran Gustavo Petro e Iván Cepeda encarna la defensa de la vida y el único camino viable hacia la justicia distributiva y la dignidad de las mayorías históricamente excluidas. Este empeño por sembrar la equidad en el país responde de manera exacta a lo que el Papa Francisco advirtió al alertar sobre el peligroso avance de las extremas derechas globales: “La ultraderecha se recompone siempre porque es centrípeta (…) no crea hacia afuera posibilidades de reforma”, señalando que su verdadero antídoto es la justicia social.
En la acera contraria, el neofascismo criollo encuentra su tótem perfecto en Abelardo De La Espriella, quien promueve una capitulación ética donde las instituciones se rindan ante el privilegio. Más allá de las leyes, él opera como el abogado de cabecera de las mafias y el relacionista público de los clanes que acumularon fortunas lavando activos y despojando tierras. Que De La Espriella amenace públicamente con “destripar” a la izquierda y la catalogue como una “plaga” es fascismo puro y duro; una retórica violenta que, sin embargo, exige una distinción ética profunda: no todos quienes lo siguen son mafiosos. Detrás de ese respaldo hay ciudadanos incautos o movilizados por un odio infundado, personas que ignoran la agenda de despojo que él realmente representa y que merecen ser salvadas de ese engaño, no arrojadas al mismo saco de la criminalidad. Frente a esa sevicia y su soberbia punitiva, la coherencia de Cepeda se alza como la barrera democrática indispensable para evitar que el crimen organizado termine de capturar la moral de la nación.
La elección este domingo en la urna es nítida y definitiva: o democracia o fascismo. El poder de su voto decidirá si nos arrodillamos ante los herederos del despojo para entregarles el país como un feudo privado, o si respaldamos la decencia para darle impulso y vida a una Colombia incluyente. No es una jornada común; es la oportunidad de decidir si permitimos que el Estado se convierta en el brazo judicial de un cartel, o si salvamos lo público para garantizar que el poder sirva, por fin, al pueblo y no a los de siempre. La opción es clara: defender la vida o resignarse a la barbarie.
