El presidente Abelardo De la Espriella expresó este lunes su respaldo explícito a Barranquilla en la disputa territorial que mantiene con el municipio de Puerto Colombia por el Corredor Universitario y Villa Campestre.
El mandatario destacó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ya entregó al Congreso su propuesta técnica de delimitación y advirtió sobre posibles interferencias políticas en el trámite legislativo.
Durante su pronunciamiento, De la Espriella afirmó que “el corredor universitario y Villa Campestre han sido nuevamente ratificados como territorio de Barranquilla” y llamó la atención para estar “atentos a que el cabildeo de los Torres (…) no vaya a permear la independencia del Congreso”.
El jefe de Estado insistió en que el Legislativo debe definir de manera definitiva los límites con base en los criterios técnicos, históricos, cartográficos y administrativos presentados por el IGAC.
La controversia, que se prolonga desde hace décadas, involucra más de 1.000 hectáreas de alto valor económico, educativo y urbanístico en el norte del Atlántico. En esa zona se concentran importantes universidades, colegios, clínicas, conjuntos residenciales y centros comerciales, lo que convierte el diferendo en un asunto estratégico para ambas entidades territoriales.
Según el informe del IGAC, la propuesta de deslinde favorece en gran medida la posición de Barranquilla, al reconocer la pertenencia de sectores clave como Villa Campestre y el Corredor Universitario.
El documento fue remitido al Congreso, instancia que, de acuerdo con la normativa vigente, tiene la competencia exclusiva para establecer de forma definitiva la línea divisoria entre los dos territorios.
Desde la Alcaldía de Barranquilla se ha celebrado el respaldo presidencial y se ha reiterado la defensa de los derechos históricos de la ciudad sobre esas áreas. Por su parte, las autoridades de Puerto Colombia mantienen su posición y advierten sobre el impacto fiscal que podría generar la pérdida de esos terrenos.
Con el pronunciamiento del presidente, el proceso entra ahora en su fase decisiva en el Congreso, donde se espera un trámite transparente que ponga fin a la incertidumbre jurídica y administrativa que afecta desde hace años a los habitantes y a los proyectos de desarrollo de la zona en disputa.
