Mundo

Chile rechaza, por segunda vez en 2 años, cambiar la Constitución

Los chilenos rechazaron en un plebiscito la propuesta de Constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, con lo que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.

Escrutado el 99% de las mesas, la opción “en contra” al cambio constitucional se impuso por un 55,75% de los votos, mientras que el “a favor” obtuvo el 44,25%, de acuerdo a los datos oficiales del Servicio Electoral (Servel).

Cuatro años después de que se iniciara el proceso de reforma constitucional, como respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron en 2019 y transcurrido dos procesos constitucionales, uno dominado por la izquierda y el otro por la ultraderecha, el país vuelve al punto de origen.

Chile se mantendrá bajo la Constitución que redactó la dictadura de Pinochet, reformada varias veces en democracia.

Cierra puertas a otra constituyente.

“Con esto, durante este mandato, se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras”, afirmó el mandatario izquierdista, en un discurso en el palacio presidencial de La Moneda.

“Nuestro país seguirá con la Constitución vigente, porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar ni unir a Chile en su hermosa diversidad”, agregó el mandatario, que apoyó la primera propuesta levantada por la izquierda y se mantuvo neutral en el segundo proceso.

En una votación que despertó poco interés, pero en la que hubo 83% de participación al ser voto obligatorio, los resultados apenas fueron celebrados por la ciudadanía.

Un pequeño grupo de manifestantes de ultraderecha contrarios a la nueva propuesta, celebraron con marchas militares frente al palacio de Gobierno la mantención de la Constitución de Pinochet.

Propuesta aún más conservadora

La propuesta rechazada fue elaborada por un consejo dominado por el Partido Republicano, y era todavía más conservador que la Carta Magna heredada de la dictadura.

Entre otros artículos, limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y daba pie a revisar el derecho al aborto en tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre).

Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estuvieran en situación irregular.