Al futbolista brasileño Dani Alves lo condenaron a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión sexual que cometió en la discoteca Sutton en la noche del 30 de diciembre de 2022.
La jueza consideró probados los hechos y le impuso además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas del juicio.
Desde el tribunal consideran probado que “el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir. Con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”, añaden.
Una vez salió de la Audiencia de Barcelona las diferentes partes, desde la acusación particular, un representante de la denunciante señaló que están “satisfechos” porque “se ha reconocido la verdad de la víctima, que hubo una agresión sexual”.
Durante la mañana de ayer se conoció que Alves había sido citado por el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, aunque no se especificó la razón exacta. Podía tratarse de una resolución sobre la petición de libertad provisional hasta conocer la sentencia o, por el contrario, deberse a que el veredicto sobre el caso estaba ya decidido. Finalmente, ha sido esta última la razón, coincidiendo con los plazos que adelantaban muchos expertos en materia judicial.
Vamos a recurrir
Inés Guardiola, la abogada de Alves, en su salida de la Audiencia de Barcelona, aseguró que “vamos a recurrir a la sentencia. Sigo creyendo en la inocencia de Daniel Alves. Vamos a recurrir en apelación. Ahora hay que estudiar la sentencia”. Además, señaló que “el señor Alves está enterado. Ya sabe el resultado”.
Entre el 5 y el 7 de febrero, cuando Alves ya llevaba más de un año en la cárcel de Brians 2, se celebró el juicio en el que comparecía como acusado.
En la primera de las tres sesiones declararon la denunciante y cinco testigos: dos de ellos las acompañantes de la víctima y tres trabajadores de la discoteca Sutton. La declaración de la joven agredida fue a puerta cerrada y en todo momento hubo un biombo que le separó de Alves.
La comparecencia más esperada de la segunda fecha fue la de Joana Sanz, la mujer del futbolista. La expectación estaba en todo lo alto, pues su actitud para con Alves había cambiado a lo largo del tiempo e incluso se había llegado a deslizar la posibilidad de que testificase en su contra.
No obstante, finalmente no fue así y se sumó a la versión de la defensa indicando que su marido llegó a casa muy borracho.
En la última jornada se mostraron las imágenes conseguidas por las cámaras del lugar, además de las pruebas periciales del caso. El último en dar su versión fue un Alves que impidió que su familia presenciase el juicio desde la tribuna de invitados. Alegó que las relaciones sexuales fueron consentidas y que estuvieron “disfrutando y ya está, nada más”.
Peticiones de libertad provisional
Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, la abogada de Alves, Inés Guardiola, elevó una nueva petición para que se le concediera a su cliente la libertad provisional a expensas del juicio. En esta ocasión, debido a la premura con la que se ha hecho oficial la sentencia, no ha hecho falta contestación.
Era la cuarta vez que Alves solicitaba esta medida liberatoria pese a que había recibido tres ‘noes’ como respuesta. El argumentario tanto de la Fiscalía como de la magistrada era el evidente riesgo de fuga provocado por el músculo económico del futbolista y por la inexistencia de un tratado de extradición con Brasil. De hecho, hace unos días un preso compañero de celda confesó que si le hubieran dado la provisional “coge y se va para Brasil”.
El juicio contra Dani Alves es uno de los más mediáticos por violencia sexual desde la aprobación de la conocida ley del ‘Solo sí es sí’. En aplicación de la nueva legislación, el segundo futbolista más laureado de la historia se enfrentaba a una pena máxima de 12 años de prisión, además de a una importante indemnización. Ese mismo castigo era el solicitado por la acusación.
Por su parte, la Fiscalía rechazó la petición de la pena máxima y optó por una intermedia consistente en nueve años de cárcel. Alejados de ambas opciones, la defensa ejercida por Inés Guardiola solicitó una absolución previa búsqueda de una rebaja de pena justificada por el consumo elevado de alcohol de Alves en la noche de los hechos.
