La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un duro informe sobre las protestas antigubernamentales que sacudieron a Colombia después del 28 de abril.
El órgano de la OEA se mostró preocupado por “el uso desproporcionado de la fuerza”.
Sostiene que hubo “violencia basada en género, violencia étnico-racial, violencia contra periodistas y contra misiones médicas”.
También que hubo “irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición”.
Otras denuncias son “el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar”.
El gobierno de Iván Duque reaccionó poco después cuestionando el mandato de la comisión y el método de contraste y adquisición de fuentes del informe.
“Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, señaló Duque a medios locales.
Una de las aseveraciones más polémicas del informe es que los bloqueos de vías, si bien afectan a la población, son mecanismos de protesta legítimos consagrados por un derecho constitucional.
Asimismo, la CIDH le hizo varias recomendaciones al Estado colombiano que fueron cuestionadas por el oficialismo.
Una de las recomendaciones es separar a la Policía del Ministerio de Defensa y limitar las sanciones de funcionarios elegidos por voto popular.
Además, propone prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar del orden público.
El organismo de la OEA también manifestó preocupación por la falta de claridad que hay en las cifras de muertos, heridos y desaparecidos por la violencia durante las protestas.
Aunque la Fiscalía documenta 21 muertes en protestas, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 70.
