El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a reparar al exfiscal Carlos Bonilla.
El exfuncionario tuvo que exiliarse del país, luego de recibir amenazas por las investigaciones que adelantaba por el homicidio de Jesús María Valle.
El asesinato del defensor de Derechos Humanos, quien había denunciado las masacres de La Granja y El Aro, ocurrió en 1998.
Las masacres ocurrieron el 11 de junio de 1996 y entre el 22 y 31 de octubre de 1997, respectivamente.
Por esos hechos, el expresidente Álvaro Uribe tiene una investigación activa por presunta omisión a sus deberes de gobernador de Antioquia.
Según el Consejo de Estado, el fiscal Bonilla no recibió protección pese al riesgo en que estaba su vida por sus investigaciones.
Bonilla hacía parte de los fiscales ‘sin rostro’ y “era instructor de casos significativos contra el paramilitarismo.
En la decisión que condena a la Fiscalía se ordena publicar la decisión en su página web y hacer público un comunicado en el que pida disculpas al entonces fiscal y su familia.
La demanda contra la Fiscalía se presentó en agosto de 2001, por la falta de protección a la vida e integridad del entonces fiscal.
Bonilla se vio obligado a renunciar irrevocablemente al cargo por los riesgos en el que estaba su vida y la de su familia.
El fallo también advierte que “las personas exiliadas viven un duelo permanente desde que deben huir hasta que logran integrarse plenamente en otra parte”.
“Muchas veces, el sentimiento de duelo, de la pérdida, no las abandona ni siquiera cuando logran un exitoso proceso de adaptación”, agrega la providencia.
