La violencia intrafamiliar estaría siendo utilizada por bandas delincuenciales como una nueva fuente de extorsión en Barranquilla y municipios del Atlántico, en un fenómeno que, además de golpear a las víctimas dentro de sus propios hogares, estaría contribuyendo a que algunas mujeres opten por no denunciar las agresiones.
La denuncia de personas que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias de los delincuentes, revela una situación que, de confirmarse, mostraría hasta qué punto las organizaciones criminales estarían extendiendo su control sobre la vida cotidiana de las comunidades: intervenir en conflictos de pareja, imponer supuestas sanciones y exigir dinero bajo amenaza.
El mecanismo denunciado es tan sencillo como preocupante. Cuando se presenta una agresión de un hombre contra su pareja, integrantes de estas estructuras delincuenciales supuestamente intervienen y les imponen a los miembros de la pareja una multa de un millón de pesos por, según les dicen, estar “perturbando el orden público”.
El dinero tendría que ser conseguido y entregado de inmediato. De esta manera, un episodio de violencia dentro del hogar terminaría convertido en una nueva oportunidad para que los delincuentes obtengan recursos.
Soportan agresiones en silencio
Pero el efecto más grave podría estar recayendo sobre las víctimas.
Según la denuncia, algunas mujeres estarían prefiriendo soportar las agresiones en silencio antes que acudir ante las autoridades y exponerse a que la organización criminal imponga una multa que ni ellas ni sus parejas están en capacidad de pagar.
La violencia ya no terminaría en las puertas de la casa. La amenaza de los delincuentes también entraría en ella.
La situación recuerda los mecanismos de control social que durante los años más duros del conflicto armado utilizaron guerrillas y grupos paramilitares en distintas regiones del país. En aquellos territorios, las organizaciones armadas llegaron a imponer sus propias normas, sanciones y formas de administrar conflictos, desplazando de hecho la autoridad estatal.
Ahora, según la denuncia, ese modelo estaría apareciendo bajo una nueva modalidad en sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico, esta vez de la mano de estructuras dedicadas a la extorsión.
El problema adquiere una dimensión todavía más preocupante si la intimidación termina desestimulando las denuncias de violencia intrafamiliar. Precisamente uno de los mayores obstáculos para combatir este delito es conseguir que las víctimas rompan el silencio y recurran a las instituciones encargadas de protegerlas.
Si una mujer sabe que denunciar una agresión puede desencadenar una nueva amenaza económica de una banda criminal, el resultado puede ser más silencio, más impunidad y más violencia dentro de los hogares.
¿Dónde están las autoridades?
La denuncia también pone sobre la mesa otro interrogante: ¿qué están haciendo las autoridades frente a esta situación?
Hasta ahora no existe un pronunciamiento público que permita establecer la dimensión real del fenómeno, cuántos casos se han presentado, qué organizaciones estarían detrás de estas amenazas o si existen investigaciones judiciales relacionadas con este tipo de hechos.
La ausencia de información oficial resulta especialmente preocupante porque la eventual intervención de grupos criminales en conflictos familiares no solo constituiría una modalidad de extorsión. También supondría una forma de control social en la que los delincuentes estarían asumiendo funciones que corresponden exclusivamente al Estado.
La denuncia reclama respuestas de la Policía, la Fiscalía, las alcaldías, la Gobernación del Atlántico y las comisarías de familia. No solo para establecer si las llamadas “multas” existen y quiénes las estarían imponiendo, sino para determinar si detrás de ellas hay una estrategia criminal destinada a controlar comunidades y ampliar las fuentes de financiación de las organizaciones extorsivas.
Porque si una mujer agredida termina teniendo miedo de denunciar no solo a su agresor, sino también a los delincuentes que pueden aparecer después para cobrarle una multa, la extorsión habrá conseguido algo todavía más grave que dinero: habrá impuesto el silencio.
