Al expresidente peruano Alejandro Toledo lo extraditaron a Perú desde Estados Unidos para hacer frente a las acusaciones de corrupción que pesan sobre él en su país.
Toledo aterrizó en Lima este domingo en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles en el que viajó custodiado por el servicio de alguaciles estadounidense.
En el aeropuerto Jorge Chávez lo esperaban el comandante general de la Policía, Jorge Luis Ángulo, así como la fiscal general del país, Patricia Benavides.
Presidente de Perú entre 2001 y 2006, Toledo se entregó el pasado viernes a las autoridades estadounidenses en cumplimiento de lo dictado por una Corte de California, que desestimó su último recurso para evitar su extradición.
El caso de Toledo, acusado de cobrar sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, ha causado gran revuelo en Perú. Es uno más de los expresidentes que han acabado entre rejas o procesados en los últimos años.
El exgobernante ha defendido en repetidas ocasiones su inocencia y asegura que no tendrá un juicio justo en Perú. Su argumento, no obstante, no logró convencer a la justicia estadounidense.
Las acusaciones
Sobre Toledo pesa una orden de detención preventiva dictada en 2017 por el juez Richard Concepción Carhuancho en el marco del proceso por el presunto cobro de sobornos a cambio de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de las obras de construcción de la Carretera Interoceánica, que conecta la costa atlántica brasileña con el Pacífico peruano.
A Toledo, de 77 años, lo investigan por la presunta la comisión de los delitos de colusión y tráfico de influencias.
Según el Ministerio Púbico, el exmandatario cobró US$25 millones en coimas de Odebrecht. Él siempre lo ha negado.
En una entrevista con la agencia EFE poco antes de entregarse en Estados Unidos dijo que “nunca” recibió “ni un solo dólar mal habido”.
Las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Toledo comenzaron en 2015.
Primero lo acusaron de lavado de activos por la compra de dos inmuebles a nombre de su suegra, valorados en unos US$4,5 millones, con fondos presuntamente no declarados.
Estas adquisiciones se realizaron, según la fiscalía, a través de una empresa “fantasma” creada en Costa Rica bajo el nombre de Ecoteva.
Poco después lo vincularon con el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En noviembre de 2016, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, aseguró a la Fiscalía de ese país que la constructora le pagó US$20 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
El contrato para construir esta vía, que une el sur de Perú con Brasil, se firmó en agosto de 2005.
US$25 millones
Barata, sin embargo, habló de un monto superior y dijo que los sobornos ascendían a US$31 millones. Finalmente, la fiscalía peruana ubicó el monto en alrededor de US$25 millones.
El dinero habría sido transferido a cuentas offshore del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo de Toledo en ese entonces y luego colaborador de la fiscalía peruana. Maiman, en declaraciones a las fiscales citadas por medios peruanos, afirmó haber recibido hasta US$35 millones como sobornos para Toledo.
De esta cantidad, cerca de US$4 millones corresponderían a sobornos de Camargo Correa, otra constructora brasileña, para la adjudicación del tramo 4 de la Interoceánica, según Maiman.
La defensa de Toledo ha alegado que Maiman ha incurrido en contradicciones y que es el empresario quien debe probar que los pagos que recibió iban destinados a Toledo.
Los presuntos sobornos fueron parte de un paquete de coimas a mandatarios y funcionarios latinoamericanos que ejecutivos de la constructora reconoció ante las autoridades judiciales estadounidenses. Cifraron los pagos en cerca de US$788 millones.
Demora en la extradición
Con la llegada de Toledo a Perú culmina un largo proceso de extradición iniciado en 2017.
El expresidente logró con una sucesión de recursos dilatar el proceso durante años.
En sus sucesivos recursos, la defensa de Toledo aseguró que no había seguridad de que se le fuera a juzgar con las debidas garantías en Perú.
Al expresidente inicialmente lo encarcelaron en un penal de San Diego pero lo liberaron por motivos de salud en espera de que se resolviera el proceso.
En su última entrevista, cuando ya se conocía su inminente extradición, Toledo pidió a las autoridades judiciales de su país que en lugar de encarcelarlo se le imponga un arresto domiciliario: “No me maten en la cárcel; déjenme luchar con nuestros argumentos”, reclamó.
Nada más poner un pie en suelo peruano, el exmandatario escuchó de boca de la propia fiscal Benavides los cargos de los que se le señala.
Acto seguido fue sometido a un reconocimiento médico para verificar su condición física, informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
La prensa local daba por hecho que Toledo sería encarcelado preventivamente.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, adelantó que si la justicia acordaba la detención cautelar del exmandatario éste sería confinado en la base policial de Bardadillo, donde actualmente están presos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo, reportó Reuters.
Pero mientras las autoridades judiciales se felicitaban por la extradición, simpatizantes de Toledo se han manifestado en Lima en rechazo a la medida.
