Por: Ricardo Zambrano *
El Open Finance es un concepto nuevo en Colombia, pero en otros territorios ya tiene un camino recorrido. De manera resumida, el Open Banking hace referencia al acceso de terceros a la información bancaria de los clientes cuando estos lo autoricen, sin embargo, este tiene un mayor alcance al introducir el Open Finance, incluyendo otros datos financieros como: seguros, pensiones, inversiones, entre otros, y un paso más allá, cuando se empieza a hablar de Open Data, que abarca todos los posibles datos que tenga una empresa, pública o privada, de cualquier persona.
Frente a este tema, podemos observar diferentes tipos de enfoques y adaptaciones por cada país, según lo que se requiera, desde un punto de vista regulatorio obligatorio (La Unión Europea, Reino Unido, México), pasando por uno facilitador (Singapur, India, y algunos países asiáticos), hasta uno impulsado por el mercado (Nueva Zelanda y Estados Unidos).
Respecto a cómo se encuentra Colombia en Open Banking, el decreto 1297 de 2022 empieza el camino para definir las normas que regulen los intercambios de información financiera de los usuarios entre entidades, permitiendo que estas ofrezcan servicios de terceros en sus plataformas y que terceros ofrezcan servicios de las entidades financieras en las suyas. De igual forma, ratifica el derecho de propiedad de la información bancaria disponible en bancos a los usuarios y les permite a las entidades financieras explotar esta información generando ingresos con el consentimiento de sus clientes, lo que incentiva a los diferentes actores a que inviertan en tecnología e innoven en modelos de negocio y ofertas de valor.
En este decreto también se establece la figura de iniciador de pagos como una actividad del sistema de pagos, con la que muchos actores, entre ellos Fintechs y plataformas, con la autorización del usuario, enviarán una orden de pago a la entidad emisora. Con base en esto, la Superintendencia Financiera trazó la hoja de ruta de finanzas abiertas para definir los estándares. Adicionalmente, el reciente proyecto del Plan Nacional de Desarrollo agrega dos elementos que en mi consideración definen un claro enfoque: que cualquier entidad de naturaleza pública o privada está obligada a entregar toda aquella información de sus usuarios y que esta pueda ser empleada para facilitar el acceso a servicios financieros y que las cuentas bancarias gocen de portabilidad, es decir que, al igual como sucede con las cuentas telefónicas, un usuario pueda llevárselas de una entidad a otra con toda su historia.
Y es que este nuevo modelo genera grandes oportunidades para Colombia como son: desarrollo de nuevos productos y servicios personalizados que entregan mayor valor agregado para el usuario; fomento de la inclusión y acceso al crédito para personas y empresas con bajo o nulo acceso a recursos de financiación; creación de nuevas fuentes de ingreso al momento que los usuarios reconozcan el valor y están dispuestos a pagar por él; y generación de eficiencias e innovación en la prestación de servicios financieros al tener consolidada la información en un solo centro financiero y de servicios, logrando la disminución de costos y mejorando los procesos.
Si todo sale bien y tenemos en cuenta la experiencia de otros países, en Colombia el Open Finance se extenderá al Open data, ampliando la cantidad de información al tener acceso a datos que se recogen en el ámbito público y privado, que permitirán entregar más ofertas personalizadas de muchos más actores.
El punto clave es cómo se administra esta información y cómo enfrentaremos desafíos y riesgos latentes como: la creación de estándares interoperables para los diversos tipos de actores y su implementación en diferentes casos de uso, así como garantizar la seguridad de los datos, mitigar el fraude y la transparencia sobre la información que se comparte y de su uso. Por último, se deben contar con algoritmos fuertes de machine learning que sean capaces de predecir comportamientos riesgosos sobre lavado de activos.
Sin embargo, todo esto se puede sobrellevar a través de la creación de una estructura sólida, basada en la experiencia de los Sistemas De Pago De Bajo Valor (SPBV) y de compañías que tienen vocación de regulatory-technology en su forma de actuar y que tienen años de experiencia en los temas de continuidad, previsión de lavado de activos y ciberseguridad, administrando información confidencial de tarjetas y usuarios. Su especialización permite evolucionar la encriptación de punta a punta, cifrado y transporte de información, tokenización de transacciones, firewalls retados permanentemente, perfeccionamientos de algoritmos y herramientas basadas en inteligencia artificial que monitorean, identifican ataques y bloquean en línea.
Así que el gran reto está en acompañar a las entidades a implementar estándares de la regulación; proteger la información de sus usuarios; monitorear puntos de falla, posibles fraudes y bloquearlos en tiempo real; crear anillos de seguridad, desde identificar anormalidades en comportamientos hasta innovar con temas como geolocalización para la autenticación; mejorar la experiencia del cliente y monetizarla, para asegurar cada vez más inversiones en seguridad y negocios innovadores.
