En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, un experto independiente de la ONU describe un panorama de lucha antiterrorista plagado de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, juicios injustos, violaciones de la intimidad y criminalización de las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política.
“El uso indebido de las medidas antiterroristas no sólo viola los derechos de los presuntos delincuentes, sino que también puede poner en peligro las libertades de los inocentes”, afirmó el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Ben Saul observa que más de dos décadas de prolíficos esfuerzos mundiales para luchar contra el terrorismo no han ido acompañadas de un compromiso igualmente firme con los derechos humanos.
Contra la sociedad civil
El experto condenó la proliferación de delitos de terrorismo excesivamente amplios contra la sociedad civil, incluidos opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, minorías y estudiantes. Los estados de excepción injustificados y prolongados siguen socavando los derechos humanos, advirtió el experto.
“La violencia militar excesiva en respuesta al terrorismo también destruye derechos fundamentales, entre otras cosas mediante violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional”, afirmó Saul, que añade que “los Estados recurren cada vez más a la violencia militar transfronteriza incluso cuando no está justificada en virtud del derecho internacional de legítima defensa”.
“Muchos Estados tampoco han abordado las causas profundas del terrorismo, entre ellas las violaciones estatales de los derechos humanos, mientras que la impunidad por esas violaciones es endémica”, afirmó.
La ONU parte del problema
Saul dijo que, lamentablemente, la ONU ha sido parte del problema, al animar a los regímenes autoritarios a reforzar las leyes antiterroristas en ausencia de una cultura del Estado de derecho o de salvaguardias de los derechos humanos.
“La ONU también debe esforzarse más por consultar de manera significativa a la sociedad civil sobre la lucha antiterrorista”, afirmó.
Al anunciar sus prioridades para su mandato de tres años, el relator especial dijo que se centraría en:
- Garantizar que las organizaciones regionales respeten los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo
- Que todas las medidas administrativas coercitivas utilizadas para prevenir el terrorismo respeten los derechos humanos
- Que los Estados rindan cuentas por las violaciones a gran escala de los derechos humanos derivadas de la lucha antiterrorista, y que las víctimas reciban recursos plenos y efectivos
Saúl también continuará los esfuerzos de su predecesor en:
- Prevención del abuso de las medidas antiterroristas contra la sociedad civil
- Protección de las 70.000 personas detenidas arbitrariamente en el noreste de Siria en el conflicto contra el ISIL
- Protección de los detenidos y trasladados desde el centro de detención en la Bahía de Guantánamo, en Cuba
- Salvaguarda por parte de la ONU de los derechos humanos en su trabajo de lucha contra el terrorismo, la regulación de las nuevas tecnologías utilizadas en la lucha contra el terrorismo
- Protección de las víctimas del terrorismo.
Aumento del autoritarismo
“Los derechos humanos en la lucha antiterrorista corren cada vez más peligro debido al aumento del autoritarismo, la creciente polarización y extremismo internos, la competencia geopolítica, la disfunción del Consejo de Seguridad y las nuevas herramientas, incluidas las redes sociales, para alimentar la deshumanización, el vilipendio, la incitación y la desinformación”, advierte el relator especial.
“El doble rasero y la selectividad de las grandes potencias en la aplicación de los derechos humanos también están erosionando la confianza pública en la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos”, afirma.
“Los Estados deben ir más allá del compromiso retórico con los derechos humanos y, en su lugar, situar los derechos humanos en el centro de todas las medidas antiterroristas”, concluye.
Los relatores especiales y otros expertos independientes en derechos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. No forman parte del personal de la ONU, son independientes de cualquier gobierno u organización y no reciben un salario por su trabajo.
