Luego de que el Juez Segundo promiscuo municipal con funciones de garantías de Malambo se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad contra Rummenigge Monsalve Álvarez, alcalde municipal, su abogado Majer Nayi Abushihab emitió un comunicado a la opinión pública reafirmando que tienen los elementos probatorios suficientes para demostrar la inocencia del mandatario
Durante las audiencias celebradas, en sus intervenciones, la defensa aportó más de 90 elementos de prueba entre documentos, dictámenes técnicos, imágenes y videos que dan cuenta de la inexistencia de los delitos endilgados por la Fiscalía General de la Nación, anotó el jurista.
En el punto 3 del pronunciamiento entregado a los medios de comunicación explica que “al día de hoy, un Juez de la República, en el marco de su función de control de garantías falló en el sentido de indicar que NO EXISTE INFERENCIA RAZONABLE de la comisión de delito alguno y que el proceso contractual de mercados de la alcaldía de Malambo cumplió a cabalidad e incluso con más cuidado y transparencia de lo exigido por la ley, por lo que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del alcalde y los demás imputados.
Señaló, también, que la defensa desvirtuó uno a uno los cuestionamientos que la Fiscalía elevó al proceso contractual.
Así las cosas, la defensa y el alcalde seguirán atendiendo los llamados de las autoridades para acreditar con suficiencia la ausencia de irregularidades en dicho trámite y, como consecuencia, su absoluta inocencia, se lee en la parte final de documento.
La fiscalía adelanta investigación en contra del alcalde Monsalve por los presuntos delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, producto del contrato celebrado en el marco de la pandemia, para la adquisición de 80.000 mercados para la población vulnerable de Malambo con la Fundación Lirio de los Valles, por 4 mil millones de pesos.
Por estos hechos el funcionario tiene otros procesos vigentes ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, ente que ordenó la suspensión del mandatario por 3 meses, el pasado 21 de mayo.
