Un reciente informe apunta a que suman más de 3 mil las procesiones de Semana Santa prohibidas por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua este año.
El documento, elaborado por la abogada Martha Patricia Molina, autora de “Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?”, denuncia que “para el año 2023 la Administración Pública Ortega-Murillo prohibió todas las procesiones de Semana Santa, vulnerando una vez más el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua”.
Ese artículo establece que en Nicaragua “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias”.
La jurista e investigadora nicaragüense, que vive exiliada en Estados Unidos, indica en su nuevo informe que “las prohibiciones han sido notificadas de manera verbal a los clérigos por parte de los agentes de la policía, como ya es costumbre de la dictadura, por lo que oficialmente no dejan constancia de tal prohibición”.
“De esta manera pretenden lavarse las manos y echar la culpa de la no salida de las procesiones a los sacerdotes”, denuncia.
Molina luego explica que “según datos publicados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en el país existen 397 parroquias, sin incluir sus capillas”.
“Eso significa que cada uno de los 397 templos realiza al menos una procesión diaria en Semana Santa, sumándole la procesión que se efectúa el domingo previo al inicio de la Semana Mayor para un total de 8 procesiones por parroquia”, continúa.
Para la jurista nicaragüense, “si existen 397 parroquias en el país y cada una de ellas efectúa 8 procesiones para ese tiempo cuaresmal, entonces estadísticamente se prohibieron 3,176 (tres mil ciento setenta y seis) expresiones de la religiosidad nicaragüense”.
En cada barrio
Molina recuerda que en Nicaragua “históricamente las procesiones han tenido una ruta a seguir en cada barrio”.
“En esta ocasión no fueron celebradas siguiendo la costumbre, sino que las imágenes de los santos quedaron recluidas en sus parroquias y unos pocos decidieron salir para recorrer un corto camino alrededor de los templos, siendo siempre vigilados y asediados por miembros de la Policía Nacional y adeptos del Consejo del Poder Ciudadano (CPC)”.
Los CPC son órganos civiles creados en 2007 por Daniel Ortega, que sirven formalmente para coordinar el trabajo social de las autoridades, pero en la práctica se han convertido en grupos de vigilancia de la dictadura.
Ortega, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), grupo guerrillero convertido en partido político, ha gobernado Nicaragua en distintos periodos en las últimas décadas. Desde enero de 2007 se ha mantenido en la presidencia sin interrupciones, en medio de acusaciones de elecciones fraudulentas.
De la mano de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, Ortega ejerce una férrea dictadura que sanciona toda crítica y disidencia.
A causa de la defensa de los derechos humanos que encabeza la Iglesia Católica, el dictador nicaragüense ha emprendido una intensa persecución religiosa, teniendo entre sus más recientes objetivos al encarcelado Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, condenado por el régimen por el delito de “traición a la patria”.
