Veintiún fiscales generales estatales, así como decenas de senadores y representantes estadounidenses, han expresado su apoyo a la demanda del estado de Luisiana que impugna la política de la era Biden que permite el envío de píldoras abortivas por correo.
Esta política de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) eliminó las normas de seguridad vigentes que exigían consultas médicas presenciales antes de que se pudiera recetar el aborto químico.
Múltiples estudios han mostrado altas tasas de hospitalización en mujeres que toman la píldora abortiva, lo que ha llevado a defensores provida y republicanos a instar a la administración Trump a tomar medidas. Si bien las salvaguardas de la FDA podrían restablecerse, la Casa Blanca no lo ha hecho.
Las píldoras abortivas, que pueden enviarse a todos los estados, incluso si son ilegales en el estado en cuestión, facilitan el acceso al aborto químico. Cifras recientes muestran que esta modalidad representa aproximadamente dos tercios de todos los abortos en Estados Unidos.
Luisiana demandó a la FDA por la falta de salvaguardias en octubre de 2025. Mientras tanto, los fiscales generales de 21 estados presentaron un escrito amicus curiae el 13 de febrero en apoyo de Luisiana.
Ese mismo día, 19 senadores y 40 representantes estadounidenses también presentaron un escrito amicus curiae, alegando que la FDA violó la ley federal al eliminar el requisito de dispensación en persona de la mifepristona.
“La FDA de Biden no contaba con pruebas suficientes para concluir que eliminar el requisito de dispensación en persona era seguro”, se lee en el escrito de 23 páginas de los legisladores. “Y dado que ahora no se requiere una consulta en persona, las mujeres no pueden someterse a pruebas de detección significativas para detectar contraindicaciones graves para el uso de este medicamento, como un embarazo ectópico”.
“Esto también aumenta la probabilidad de que algunas mujeres sean obligadas a tomar estos medicamentos contra su voluntad”, continuaron los legisladores.
Los fiscales generales presentaron argumentos similares en su informe de 21 páginas, afirmando que la administración Biden se centró en los estados provida porque los medicamentos abortivos de entrega por correo facilitan el debilitamiento de las leyes estatales.
