Una polémica ley migratoria está en el centro de una batalla entre el gobierno estatal de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos.
La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el martes por la tarde que las autoridades de Texas podían aplicar la nueva ley migratoria del estado que permite detener, encarcelar y deportar a migrantes indocumentados.
Pero dejó la revisión de su legalidad en manos de un tribunal federal inferior.
Y en la noche del mismo martes, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. informó que, tras una votación de 2-1, anuló un fallo de otro tribunal que permitía su aplicación, a la espera de los alegatos del gobierno de Texas.
La SB4 autoriza a la policía local y estatal arrestar y procesar a quienes sean sospechosos de cruzar irregularmente la frontera desde México.
El gobierno del presidente Joe Biden argumenta que la ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales, al interferir con la potestad del gobierno de Washington para regular la migración.
Y es que la aplicación de las leyes de inmigración (incluidos los arrestos) están generalmente a cargo del gobierno federal.
La SB4 pretende otorgarles ese poder a los funcionarios de Texas, permitiéndoles procesar a los migrantes y ordenar su regreso a México.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de EE.UU., y antes de la resolución del tribunal federal de apelación, el gobierno de México dijo que reprobaba su entrada en vigor.
“México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, señaló la Cancillería mexicana en un comunicado.
Hasta 20 años de cárcel
Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, las tres juezas progesistas de la Corte Suprema, discreparon con la decisión del alto tribunal.
“El tribunal da una luz verde que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos”, escribió Sotomayor.
La ley podría “perturbar las delicadas relaciones exteriores, frustrar la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizar los esfuerzos federales de aplicación de la ley y evitar que los migrantes denuncien abusos o trata”, añadió.
La SB4 otorga a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera irregularmente, excepto en escuelas, hospitales y lugares de culto.
La ley contempla desde delitos menores hasta delitos graves, que pueden ser castigados con multas que pueden llegar a US$2.000 o condenas de hasta 20 años de prisión.
La máxima pena se estipula para quienes reingresen irregularmente a Texas después de haber sido deportados, dependiendo de los antecedentes penales y migratorios de la persona.
La SB4 se convirtió en ley en diciembre e inicialmente debía entrar en vigor el 5 de marzo.
Cuando firmó la ley, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que era necesaria debido a la incapacidad del gobierno de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada irregular al país.
“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”, aseguró.
La normativa ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, que advierten que podría ser usada como un instrumento de discriminación, y también por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por considerarla “antiinmigrante”.
“México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”, señaló la Cancillería mexicana este martes.
¿Qué pasará ahora con la ley?
La SB4 es una de las leyes migratorias más duras adoptadas por cualquier estado en los últimos tiempos en Estados Unidos.
Tras la decisión de la Corte Suprema y la posterior suspensión por parte de la Corte de Apelaciones, el panel de jueces del tribunal federal escuchará este miércoles los argumentos orales de Texas para poner la ley en efecto.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, había elogiado la decisión de la Corte Suprema como una “gran victoria” contra Biden y contra la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que impugnó la ley ante los tribunales.
La ACLU, por su parte, prometió que no daría marcha atrás hasta que “esta ley antiinmigrante extrema sea derogada para siempre”.
La discusión sobre la implementación de la SB4 se produce en medio de una creciente preocupación pública en EE.UU. por la inmigración.
Una encuesta de Gallup publicada en febrero mostró que casi un tercio de los estadounidenses cree que la inmigración es el mayor problema que enfrenta su país, por delante del gobierno, la economía y la inflación.
