Luego de conocerse que los homicidios por falsos positivos no fueron 2.248 sino 6.402, familiares de las víctimas pidieron a mandos militares digan la verdad.
La solicitud apunta a que revelen los hechos ante la Jurisdicción Especial para la paz.
En este caso, llamado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combare por agentes del Estado”, hay acreditadas 699 víctimas.
Las peticiones apuntan a que quienes ejecutaron a sus hijos y familiares, para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, digan la verdad.
Además de que paguen por estos crímenes, los familiares de las víctimas pidieron que releven quienes dieron las órdenes.
El objetivo es “que haya estos mecanismos que les obligue a hacer aportes realmente importantes en términos de verdad y justicia”.
Anotan que “lo que se espera es que haya justicia y verdad, que esto no se quede en la impunidad”.
Para el abogado Sebastián Escobar, representante de víctimas ante la JEP, dar a conocer que las víctimas son 6.402 es darle una relevancia judicial.
Agregó Escobar que es el camino para esclarecer estas actuaciones de la fuerza pública.
Las víctimas insisten que “con la implementación de la política de seguridad democrática, algo pasó en las Fuerzas Militares”.
“Implicó el incremento alarmante de ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos”, agregan
Sostiene que tendrán que esclarecer más adelante la implementación de una política que favoreció la comisión de estas ejecuciones.
Son seis territorios de Colombia: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, catalogados como críticos en temas de falsos positivos.
Por esa razón fueron priorizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, del tribunal de paz.
En una segunda fase abordarán hechos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.
