La Corte Constitucional tumbó el llamado impuesto solidario, que el gobierno expidió para obtener recursos para atender la pandemia.
El impuesto tuvo críticas de los trabajadores de la Rama Judicial y sus pensionados por sus efectos sobre los salarios que están recibiendo en el mes.
Se trata del Decreto 568 de 2020 expedido por el presidente Iván Duque.
Establecía que los trabajadores del sector público que ganen entre $10 y $12,5 millones deberán aportar el 15% de su salario.
El porcentaje subía a 16 si se ganaba entre $12.5 y 15 millones y a 15 si el salario va entre los $15 y los 20 millones.
El impuesto aplica igualmente para los ex funcionarios que reciben una pensión superior a los $10 millones y estaba contemplado inicialmente para los salarios de mayo, junio y julio.
La decisión se tomó por ponencia de las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger en Sala Plena virtual.
El pleno no acogió la ponencia del magistrado Carlos Bernal, quien pedía declarar constitucional el decreto.
La decisión de la Corte es retroactiva y los dineros que se han pagado se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020.
