El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación administrativa a Gustavo Petro y a su campaña presidencial de 2018.
Presuntamente varios servidores públicos hicieron aportes a la campaña presidencial, algo que prohíben las leyes electorales.
El CNE había iniciado una indagación preliminar por la denuncia de que una empresa venezolana le hizo aportes.
Sin embargo, no se encontró evidencia de eso, sino del tema de los servidores públicos.
Las personas que habrían roto la prohibición son:
- Bertha Isabel Bravo Reyes quien, para mayo de 2018, era funcionaria de la Secretaría de Educación de Cartagena.
- Sandra Mónica Salazar, quien trabajaba en la Contraloría General de la Nación.
- Gonzalo Pérez Buitrago, exfuncionario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
El presidente del CNE, Hernán Penagos, explicó que también se compulsaron copias a la Fiscalía y a la Corte Suprema para que determinen si se competió alguna irregularidad.
Cabe aclarar que esto no es nuevo, ya que la decisión del CNE es del 18 de febrero, pero se conoció hasta este jueves.
La multa que tendría que pagar Petro sería de hasta $134 millones.
RESPUESTA DE PETRO
El senador Gustavo Petro criticó la decisión del CNE, la que calificó como “persecución política”.
Cuestionó que mientras se abre un proceso por una donación de una maestra por $90.000, no se hace lo mismo frente al escándalo de la “ñeñe política”.
“A mí me parece que estamos ante el absurdo. He pedido que se haga esta denuncia a nivel internacional (…) y encargaré este debate como lo que es: un debate político en el Congreso con el partido del cual el magistrado hace parte”, señaló.
