Bandas criminales, tiroteos, violencia sexual, protestas, una fuga masiva de una cárcel y un primer ministro que se niega a dejar el poder.
El panorama en Haití cada día se complica más desde que en julio de 2021 el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado en su propia residencia.
Desde entonces, el país, que quedó bajo el mandato del primer ministro, Ariel Henry, se encuentra sin presidente y sin celebrar elecciones libres.
Y a la vez, sumido en la creciente violencia perpetrada por grupos criminales.
Ante la falta de institucionalidad, las bandas han llegado a dominar grandes zonas de la nación caribeña, como la periferia de su capital, Puerto Principe, y el Departamento de Artibonite, en el oeste, conocido como “la canasta de pan” de Haití por su importancia agrícola.
Recientemente, estas organizaciones, lideradas por personalidades como Jimmy Cherizier y Guy Philippe, dos exagentes de policía, exigen la salida de Henry del poder y han convocado manifestaciones en todo el país.
Se niega a renunciar
El político, respaldado por la comunidad internacional, se niega a renunciar, aun cuando debía hacerlo el pasado 7 de febrero, tras un acuerdo con políticos de diversos partidos y la sociedad civil que él mismo suscribió en diciembre de 2022.
El primer ministro argumenta que el empeoramiento de los niveles de violencia de las pandillas hace imposible garantizar unas elecciones libres y justas por el momento.
La firmeza con la que se aferra al cargo provocó una intensificación de las protestas. Y este fin de semana, los grupos armados entraron a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe y facilitaron la fuga de la mayoría de los 3.800 reos que allí se encontraban.
Como consecuencia, el gobierno provisional tuvo que declarar un estado de emergencia y un toque de queda de 72 horas en Puerto Príncipe, en un intento de mantener la seguridad.
El repetido fracaso en la celebración de elecciones, no solo presidenciales sino también legislativas, significa que Haití no ha tenido un solo funcionario gubernamental electo desde que expiró el mandato de los últimos senadores en enero de 2023.
Las pandillas
Haití ha estado sumido en el terror de las pandillas durante años.
Las tensiones fueron en aumento en los días previos al pasado 7 de febrero, una fecha simbólica para los haitianos, ya que marcó el fin de la dictadura que inició François Duvalier y continuó su hijo Jean-Claude hasta 1986 y es la fecha en la que tradicionalmente los presidentes haitianos toman posesión de su cargo.
La frustración y la furia por el vacío político, así como por los impactantes niveles de violencia, que según cifras de Naciones Unidas han desplazado internamente a casi 314.000 personas, han alimentado las protestas.
Además, casi la mitad de la población, 4,7 millones de haitianos, padece de hambre aguda. En la capital, unas 20.000 personas viven en condiciones de hambruna, según la ONU, y el cólera está resurgiendo.
En un incidente reciente en medio de las manifestaciones, la policía mató a cinco miembros armados de una patrulla medioambiental que, según algunos, se ha transformado en un grupo paramilitar.
Rehén de las bandas
“El país está siendo rehén de las bandas. No podemos comer. No podemos enviar a nuestros hijos a la escuela”, denunció un manifestante a la agencia de noticias AFP.
La ya de por sí tensa situación se ha visto exacerbada por el regreso de Guy Philippe, un exjefe de policía que desempeñó un papel clave en el derrocamiento del expresidente Bertrand Aristide hace 20 años.
Philippe fue repatriado a Haití en noviembre desde Estados Unidos, donde había cumplido una condena de prisión tras admitir haber aceptado sobornos para proteger cargamentos de narcóticos.
Desde su regreso, Philippe ha estado compartiendo mensajes de vídeo en las redes sociales en los que llama a una “rebelión” contra Henry.
En las pasadas semanas, ha sido visto en Puerto Príncipe estrechando la mano de sus seguidores y ha hecho llamados a través de la radio a continuar “la lucha”.
Se desconoce si Cherizier y Philip tienen alguna conexión.
Qué pasó en la cárcel
Construida para unos 700 detenidos, esta cárcel albergaba unos 3.687 presos en febrero pasado, de acuerdo con cifras de la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh, por sus siglas en francés).
Los principales sindicatos policiales habían pedido ayuda a los militares para reforzar la seguridad de la prisión para evitar la fuga de los detenidos, la mayor parte de los cuales son considerados como de alto perfil.
Finalmente, los grupos armados irrumpieron la noche del sábado.
De acuerdo con la agencia Reuters, los policías que estaban destinados a cuidar la cárcel abandonaron sus instalaciones y todavía el domingo en la mañana no había indicios de presencia policial en la instalación.
Un periodista de la agencia AFP que visitó el penal ha dicho que observó una docena de cuerpos tirados en las afueras del centro.
Pero, aunque las rejas estaban abiertas y al parecer la cárcel carecía de vigilancia, no todos los detenidos quisieron escapar.
Algunos optaron por quedarse dentro de la prisión, por considerar que allí estarían más seguros que en las calles.
Un trabajador penitenciario voluntario le dijo a Reuters que 99 prisioneros, incluidos exsoldados colombianos encarcelados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, habían optado por permanecer en sus celdas por temor a morir en el fuego cruzado.
El pedido de ayuda
El primer ministro Henry ha pedido a Naciones Unidas que envíe una fuerza internacional a Haití para ayudar a controlar las pandillas, pero hasta ahora sólo Kenia ha prometido enviar policías.
Esta ayuda ha quedado en suspenso, sin embargo, después de que un tribunal del país africano bloqueara el despliegue.
La profunda crisis que vive el país ha sido descrita por el secretario general de la ONU, António Guterres, como “una pesadilla viviente”.
Algunas zonas de la capital, Puerto Príncipe, que está rodeada de montañas, están controladas o regularmente aterrorizadas (algunas estimaciones dicen que el 80%) por pandillas fuertemente armadas.
Estas bandas, con nombres en criollo haitiano como Kraze Barye (“Barrera-Aplastadora”) y Gran Grif (“Gran Garra”) han estado robando, saqueando, extorsionando, secuestrando, violando y matando durante los últimos dos años.
Portando armas automáticas traídas de contrabando en su mayoría desde Estados Unidos, los pandilleros a menudo están mejor armados que la policía local y, en ocasiones, hasta queman sus vehículos y estaciones.
Las pandillas controlan o atacan periódicamente las principales rutas de entrada y salida de la capital.
“Bandidos” ambulantes
Una anarquía similar afecta a grandes áreas del oeste y centro de Haití, donde los “bandidos” ambulantes, como llaman los lugareños a los miembros de las pandillas, invaden y queman pueblos y ciudades.
Las bandas han causado caos, han perturbado los servicios públicos y el trabajo de las agencias de ayuda humanitaria, lo cual ha empeorado la pobreza y los problemas de salud en una nación que ya era la más pobre del hemisferio occidental.
Ni siquiera el último presidente de Haití estuvo seguro en su propia casa. Jovenel Moïse fue asesinado a tiros por hombres armados en julio de 2021. La policía culpó a mercenarios colombianos, de los cuales unos 20 fueron arrestados.
El asesinato del presidente creó un vacío que las pandillas han estado compitiendo por llenar.
Los expertos aseguran que detrás de los grupos armados hay figuras políticas corruptas, tanto en el poder como en la oposición. Suministran a las bandas armas, financiación o protección política.
A cambio, las pandillas hacen el trabajo sucio, generando miedo, apoyo o inestabilidad, según se requiera.
