Entre julio, agosto y septiembre de este año en Colombia, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 21 casos de desplazamiento forzado.
Más de 15.600 personas se afectaron y otras 10.000 sufren de confinamiento por las acciones violentas de grupos armados ilegales.
En comparación con el mismo trimestre (julio, agosto y septiembre) del 2020, en el 2021 el incrementó de personas que se desplazaron es del 213%.
Estos 21 casos de desplazamiento afectaron a 5.266 familias en doce municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
En el mismo periodo julio, agosto y septiembre de este año las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas.
Son 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad.
Ocurrieron 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó).
También en Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial por las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
En esa región del país que persiste el riesgo de desplazamientos y confinamientos forzados.
Un punto también preocupante de este informe de la Defensoría del Pueblo tiene que ver con quienes estaban regresando a sus hogares.
Lo hacen sin acompañamiento de las autoridades ni garantías de seguridad y al no tener un apoyo se vieron obligadas a regresar.
Lo grave es que siguen bajo el peligro permanente por cuenta de los de los grupos armados que operan en las zonas.
