El Consejo de Estado decidió mantener la investidura del senador Gustavo Bolívar.
El alto tribunal negó la demanda que había en su contra por financiar al grupo denominado como la ‘Primera Línea’ en el pasado paro nacional.
El despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno tuvo en cuenta un concepto de la Procuraduría General de la Nación.
Señalaba que el movimiento de jóvenes no estaba constituido como un grupo político, por lo cual su financiación no iba en contravía de las leyes y las normas
En la audiencia pública, el propio senador Bolívar le dijo al Consejo de Estado que su intención nunca fue financiar un movimiento político.
Agregó que el dinero que entregó fue directa a la Fundación Manos Limpias Indignados Colombia.
La demanda de 53 páginas sostenía que la ‘Primera Línea’ se podría considerar como un movimiento político.
En ese sentido, Bolívar, siendo congresista, no podría siquiera anunciar financiaciones ya que así lo prohíbe el artículo 110 de la Constitución.
La Procuraduría también busca establecer si esos elementos comprados por la fundación los usaron para la protección personal de los manifestantes.
La Procuraduría solicitará un informe del origen de la colecta para apoyar a los manifestantes, el total de lo recaudado, y la forma en que se invirtieron los recursos.
