“AMBUQ negociada por Supersalud” así califican los trabajadores de esta empresa la decisión de la Superintendencia de liquidar esta EPS en un comunicado emitido.
Con la resolución número 001214, emanada por la Superintendencia Nacional de salud los trabajadores se encuentran a las puertas de una masacre laboral denunciaron hoy.
Un grupo de funcionarios realizaron un plantón esta mañana frente a la sede regional del ministerio del Trabajo, en protesta por la decisión de la Supersalud que ordena:
Toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó-AMBUQ EPS –S-ESS”.
Señalan los colaboradores de la EPS que se encuentran en un limbo acompañado de un silencio cómplice, los empleados de AMBUQ se sienten que se han vulnerado sus derechos.
Agrega el pronunciamiento que no ven clara la protección de los mismos como tampoco los pagos de las obligaciones de la entidad en liquidación con los funcionarios.
Anuncian que harán una defensa férrea de los derechos de los empleados y de la vida jurídica de la Asociación Mutual.
Declaran que no hay justificación alguna en la toma de posesión y liquidación forzosa de la empresa porque ha cumplido con todas sus obligaciones.
El documento hace las siguientes precisiones:
- La nómina de trabajadores y contratistas se encuentra al día, es decir, no hay vulneración alguna al derecho de los trabajadores.
- Los prestadores que hacen parte de la red de servicios en su mayoría están al día con la facturación corriente.
Los que han celebrado acuerdos de pago se les ha cumplido, al punto que el índice de procesos judiciales por concepto de cartera en contra es muy bajo.
- No existe justificación para intervenir una empresa que ha estructurado y perfeccionado sus procesos administrativos y prestaciones para atender las contingencias por la pandemia COVID19.
Esta presta a coadyuvar el proceso de vacunación con toda la caracterización de su población afiliada.
Tomar una decisión de liquidación no hace sino generar un problema de acceso a los servicios de salud de la población a vacunar.
- La planta de personal y los contratistas suman más de 706 personas con presencia a nivel nacional, en cinco (5) departamentos que quedaran desempleadas.
Son 2.824 personas (trabajadores y núcleos familiares) desamparadas, frente a lo cual no hay ningún plan de protección, porque simplemente no se pensó en ellos.
567 cabezas de familia, 25 funcionarios con enfermedades profesionales, 61 pre-pensionables, 10 en licencia de maternidad y 7 embarazadas.
- Al comparar las empresas promotoras de salud que operan el régimen subsidiado, AMBUQ está por encima y mejor calificada que muchas.
Y al día de hoy, sobre ellas no se ha tomado ninguna medida, muchos menos la toma de posesión con fines liquidatarios.
- El Ministerio determinó que las EPS se calificarían y emitiría un Rankin, en los últimos cinco años la EPS ha ocupado sitios privilegiados entre las mejores 10 del país.
- La Corte Constitucional determinó que la Contraloría Nacional de la Republica sería la encargada de examinar a las EPS.
En las tres últimas auditorías realizadas a AMBUQ, no encontraron hallazgos ni penales, fiscales ni administrativos.
- La liquidación debe garantizar la prestación de servicios de salud de los afiliados a la empresa hasta el 28 de febrero de 2021. Sin embargo, la situación es otra:
Debido a la intempestiva y abrupta toma de posesión las instituciones prestadoras de servicios de salud han manifestado su preocupación y han suspendido todos los procedimientos que estaban planificados.
“Lo que es efecto de una irregular determinación de la Superintendencia Nacional de Salud que tomó posesión de la empresa y al día siguiente se fueron todos los funcionarios que vinieron de la ciudad de Bogotá (casi 20) y dejaron a un liquidador que no tienen ningún margen de maniobra para solucionar los problemas de salud de los afiliados que han exteriorizado permanentemente su preocupación”.
- La Supersalud sin saber a que intereses responde no prioriza a la población que hace parte de la empresa y sus necesidades y toma la determinación de liquidación de la EPS.
Sin ningún plan que permita contener las inmensas dificultades que produce una decisión de esa envergadura en plena pandemia.
Saliendo de la segunda ola y ad portas de ingresar a la tercera, cuando no ha habido ninguna queja por deficiencias en la prestación de servicios por ese concepto.
- Que la opinión pública conozca que desde el 9 de febrero la Superintendencia intervino la EPS y ser la entregó a una firma liquidadora en cabeza de Luis Carlos Ochoa.
- La responsabilidad de que los afiliados no reciban sus servicios es del nuevo gerente liquidador, quien debe garantizar el acceso oportuno a la comunidad afiliada.
- Los funcionarios han sido cumplidores de sus deberes laborales acompañando a los usuarios que son los grandes vulnerados en este proceso.
- Desde el 10 de febrero, un día después que entró el gerente liquidador, se reportaron 50 quejas por parte de los afiliados,11 de febrero 70 y el lunes 15 de febrero 171 quejas de los afiliados por la no prestación del servicio.
- Se está gestando un despido masivo en época de pandemia, contradiciendo todas las medidas proteccionistas del Gobierno para procurar la estabilidad y aceleración de la economía.
Con esta futura masacre laboral solo se está llevando al empobrecimiento alrededor de tres mil personas que dependen directamente de esta entidad.
