La renuncia al Senado del expresidente Uribe hizo que la Corte Suprema tomara la decisión de enviar su caso a la Fiscalía.
Esta es una victoria para la defensa de Uribe, ya que desde el primer momento aseguró que en la Corte no tenía las garantías ya que está “politizada”.
Si el caso llega a juicio, dependiendo de lo que ocurra en la Fiscalía, en primera instancia el futuro de Uribe quedará en manos de un juez del circuito.
En segunda instancia pasaría a manos de tres magistrados de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El caso no necesariamente quedará en manos de Francisco Barbosa, mejor amigo del presidente Duque.
Pueden ocurrir dos cosas: que el caso quede por reparto en el despacho de un fiscal seccional, seguramente alguno de los 12 delegados ante la Corte, o que Barbosa lo asigne a un fiscal a dedo.
Esta segunda opción ocurre cuando el Fiscal General entiende que es un caso de extrema relevancia.
El fiscal que quede con el caso tiene tres caminos.
El primero es continuar el proceso de donde va, con las reglas de la Corte (que tiene un proceso penal diferente al de la Fiscalía).
El segundo es seguir el proceso desde donde va, pero avanzar con las reglas de la Fiscalía. O sea, se pasaría a la acusación o la preclusión del caso.
Y el último camino es que el fiscal tome la decisión de iniciar la investigación desde 0. En este camino se caería la detención domiciliaria.
El famoso tema de “vencimiento de términos” aplicaría si pasa un año sin que la Fiscalía lo acuse o precluya el caso.
Además, la Fiscalía tiene la potestad de definir si Uribe debe o no debe continuar el proceso en libertad.
