Desde hace tres años cursa en el Consejo de Estado una demanda de repetición de la Procuraduría General contra Alejandro Ordóñez Maldonado.
El actual embajador de Colombia ante la OEA estuvo al frente del Ministerio Público durante casi siete años.
Los hechos narrados por la Procuraduría General hacen mención a uno de los casos que marcó la administración de Ordóñez.
Es el fallo que destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a la entonces senadora Piedad Córdoba Ruiz.
En ese momento, según el Procurador Ordoñez, Córdoba tuvo vínculos con la guerrilla de las Farc.
La Procuraduría General pide que el exjefe del Ministerio Público reponga el dinero que se tuvo que pagar en su momento para cancelar la deuda.
En este sentido se pide que a Ordóñez Maldonado lo declaren responsable “por culpa grave en su actuación” tras haber emitido los fallos disciplinarios contra Piedad Córdoba.
En este debate el Consejo de Estado ya recibió todos los conceptos y se espera que en los próximos días se emita una decisión de fondo.
Según el Procurador Ordoñez el nombre de Piedad Córdoba apareció en los computadores incautados en el operativo donde murió ‘Raúl Reyes’.
Los fallos disciplinarios emitidos en el 2010 fueron declarados nulos en 2016 por el Consejo de Estado.
Ordenó a la Procuraduría General pagar “los salarios y prestaciones sociales” que dejó de devengar la senadora liberal durante el tiempo que estuvo por fuera de su cargo.
Según el máximo tribunal de lo contencioso la decisión de Ordóñez no tuvo en cuenta que las las pruebas contra Córdoba las declararon nulas.
La razón de la invalidez de las pruebas es que se violó la cadena de custodia.