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Pedido en extradición donó $560 millones a campaña de Duque

Una empresa del cuestionado industrial Carlos Mattos donó $560 millones a la campaña de Iván Duque en 2018.

Lo recursos fueron triangulados por el partido de Duque, el Centro Democrático.

La razón es que en Colombia están prohibidas las donaciones de personas jurídicas, de empresas, a las campañas presidenciales.

Solo se permite de personas naturales.

La compañía Inmobiliaria CMB SAS, propiedad de Mattos, donó los $560 millones, según consta en el acta de su junta directiva en agosto de 2018.

Esta donación se sumó a las de las empresas Ingenio Risaralda por $100 millones y Comtek SAS por $1 millón y, en ambos casos.

Sus representantes legales enviaron cartas al partido indicando que el dinero era para la campaña presidencial, pese a la prohibición legal.

El acta de junta de CMB está firmada por Carlos Mattos Barrero, principal accionista y hoy a la espera de que se resuelva su extradición a Colombia.

Debe responder por presuntos sobornos en procesos judiciales, cuando se desarrollaba su pleito contra la multinacional coreana Hyundai.

Lo extraño es que el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió archivar las indagaciones contra la campaña del hoy presidente Iván Duque.

Sin embargo, mantuvo las indagaciones contra el Centro Democrático por estas donaciones, pese a que las mismas están directamente relacionadas.

El CNE debe determinar si la plata de las tres empresas sí entró a la campaña de Duque, como lo dispusieron los donantes, o en qué la gastó el partido.

Mientras tanto, la defensa jurídica de Mattos en Colombia y España considera que esta donación debería haber conducido a un impedimento para Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el proceso de extradición.

Los abogados estudian si radican recusación, especialmente contra la  también canciller, buscando la nulidad de todo lo actuado.

De acuerdo con el Código Penal, la financiación ilegal configura dos delitos:

  • Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas
  • Violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales

En ambos casos con prisión de 4 a 8 años.