El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, precisó que el proceso constituyente que convocó ante la Minga Indígena el pasado viernes en Cali no es para cambiar la Constitución de 1991 ni para perpetuarse en el poder, sino para que el pueblo entre a resolver “varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana”.
En su cuenta de la red social X, el primer mandatario señaló que estos problemas fundamentales no han sido resueltos en “las más de tres décadas que han pasado desde 1991” y, en lugar de eso, los poderes públicos establecidos en la carta magna “fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el Estado Social de Derecho”.
Explicó que, en vez de aplicarse a cabalidad la Constitución de 1991, ese régimen de corrupción “asesinó a más de 100.000 colombianos para concentrar sanguinariamente la riqueza”.
Ocho puntos del proceso constituyente
En su publicación en la cuenta X, el presidente Petro expuso ocho puntos sobre los que debe girar el debate de un proceso constituyente:
- El cumplimiento del acuerdo de paz: Este punto abarca: a) una reforma agraria, b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y c) la verdad como eje de la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir.
- Condiciones básicas para la población mayor: Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia, agua potable, salud y renta para la población colombiana más vieja. “En los últimos 30 años, la inversión pública se concentró en los sectores y los sitios más pudientes, contrario a lo ordenado por la Constitución y el Acuerdo de Paz. Las sentencias de la Corte Constitucional en este materia fueron desacatadas impunemente. Hoy, el que debía ser el Estado Social de Derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad”.
- Educación pública y reforma agraria: Recuperar y priorizar estos objetivos de la Constitución de 1991, que han sido contrarreformados.
- Cambio climático y descarbonización de la economía: Elevarlos a rango constitucional.
- Priorizar empleo y producción: Garantizando la política monetaria y la independencia del Banco de la República.
- Reordenamiento territorial: Cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende del actual ordenamiento territorial que es el de la Constitución de 1886. “El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante. Proponemos garantizar la región autonómica, pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados, que compense la actual y aberrante desigualdad territorial”.
- Separar la política de la financiación privada.
- Reforma a la justicia: Durante estos 30 años, la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón.
“El pueblo está convocado por la Presidencia de la República a expresarse, a decidir. Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía”, convocó el mandatario.
¿Qué pasará con las actuales reformas en el Congreso?
Si una mayoría formada en la Comisión Séptima del Senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que, hundidas las transiciones ordenadas, entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población.
