La disputada del Atlántico Isabella Pulgar Mota afirmó que las presiones con las que hoy impidieron la realización del debate de control político en la Asamblea por los convenios /por más de $670 mil millones que suscribió la gobernación con Edubar y Puerta de Oro no podrán impedir las denuncias sobre irregularidades en los procesos con estas empresas de economía mixta.
“No me podrán callar, no podrán impedir que denuncie la ejecución deficiente y el impacto social limitado con este cuestionable modelo de contratación”, anotó la diputada del Partido Liberal al referirse a la poca eficiencia, transparencia y pertinencia de los convenios con estas dos empresas.
Pulgar puso como ejemplo varios contratos para el mantenimiento y conservación de espacios públicos, plazas, parques y escenarios deportivos por $342 mil millones que hoy están inconclusos y en evidente el deterioro y abandono y en los que la gobernación pagó 7.880 millones para que gerenciaran los procesos.
Otro proyecto, que en este caso vincula tanto a Edubar como a Puerto de Oro es el mercado de la Sazón y Artesanías en Puerto Colombia. El contrato inicial, que lo tiene Edubar para la construcción, fue por $15.974 millones, con una adición de $5.348 millones. La dotación e instalación del mobiliario la tiene Puerta de Oro por un valor de $1.107 millones.
Monumento al abandono
“Hoy el mercado de la Sazón y Artesanías en Puerto Colombia es un monumento, pero al abandono, el desorden y el despilfarro de los recursos públicos porque la obra está parada y no se sabe cuándo será terminada”, anotó.
En cuanto a la construcción y dotación de Centros de Vida para el Adulto Mayor en los municipios de Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Repelón, Soledad y Suan, el cual fue por Edubar por $28.964 millones, de los cuales $1.530 millones se destinaron a la gerencia, la pregunta es dónde están construidas esas edificaciones.
La diputada Pulgar Mota precisó que los contratos con Edubar suman $585.819 millones, de los cuales esta entidad se queda $16.474 millones por concepto de gerencia del proyecto, es decir, solamente con firmarlo.
Con Puerta de Oro se diseñaron y ejecutaron proyectos por $84.414 millones, de los cuales $4.157 millones corresponden a costos de gerencia.
Sobre la falta de transparencia, la diputada manifestó que tanto Edubar como Puerta de Oro presentan serias deficiencias en la información reportada en la plataforma Secop, que es donde por obligación y sin excepción deben publicarse todas las contrataciones que se hagan con el Estado.
“Es preocupante que en múltiples contratos no se hayan cargado actas de inicio, pagos o avances en la ejecución de los proyectos. La ausencia de estos datos genera dudas razonables sobre el uso efectivo de los recursos asignados y si, en efecto, se están ejecutando las obras y proyectos de acuerdo con los cronogramas establecidos”, sostuvo.
Tercerización
“En lugar de que sea la Gobernación quien directamente contrate a los constructores o ejecutores de obras, transfiere esa responsabilidad a Edubar y Puerta de Oro, otorgándoles un porcentaje del valor del contrato. Estas entidades son entonces las encargadas de llevar a cabo todo el proceso de selección del contratista que ejecutará el proyecto”, indicó Pulgar Mota.
La diputada cuestionó: “¿cómo es posible que, con semejante valor, que supera los veinte mil millones de pesos, mejor no se hayan ejecutado obras de verdadero impacto social en lugar de pagarle a estas entidades para que gerencie proyectos que la gobernación perfectamente puede licitar?”.
Agregó que “con ese presupuesto se podría haber contratado colegios, vías, parques, sistemas de agua potable y proyectos de saneamiento básico que beneficiarían directamente a nuestras comunidades atlanticenses”.
Sostuvo que “es más eficiente que la propia Gobernación realizara los procesos de contratación de manera directa, asegurando así un mayor control sobre los recursos y la ejecución de los proyectos”.
Recordó la diputada que la gobernación ya cuenta con un equipo de contratación conformado por más de 100 profesionales en derecho y con más de 20 firmas de abogados contratadas actualmente que cuyo valor en lo corrido de este año asciende a $7.149 millones.
“Yo necesito que el secretario general nos explique por qué razón la contratación no la hacen estos profesionales capaces de realizar estas funciones sin costos de intermediación”, expresó Pulgar Mota.
