Gran polémica nacional ha causado la denuncia del senador Roy Barreras en medio del debate de moción de censura, el de ayer, iniciado al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el que se conoció que en el bombardeo del pasado 30 de agosto, en San Vicente del Caguán (Caquetá), además del jefe de las disidencias de las Farc en el Caquetá, Rogelio Bolívar Córdoba, Alias Gildardo o Gucho, también murieron por lo menos 7 menores.
- Angela María Gaitán Pérez 12 años
- José Rojas Andrade 15 años
- Sandra Patricia Vargas Cuellar 16 años
- Diana Medina Garzón 16 años
- Wilmer Alfredo Castro Acuña 16 años
- Abimeller Morales Joven 17 años
- Jhon Edison Pinzón Saldaña 17 años
Son los nombres de siete de los ocho menores que, confirmó la Fiscalía, murieron en el operativo en el que también perdieron la vida siete adultos y dos personas más sin identificar. Este hecho, tuvo por primera vez en jaque al ministro de Defensa Guillermo Botero, quien ya se había salvado de un intento anterior, pero que en esta ocasión llevó a su renuncia ante la inminencia de una votación en contra que lo llevaría a salir del cargo.
Personero denunció antes y después del bombardeo
En un claro y doloroso relato, el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Evelio Carreño dijo hoy a medios de comunicación nacionales que personalmente había informado desde el mes de mayo de la presencia de menores en campamentos de la disidencia de las Farc y que el reclutamiento de menores es una situación que viene presentándose en varias poblaciones de algunos departamentos del país.
“Yo ya había denunciado que en el bombardeo murieron tres niñas” dijo el funcionario al explicar que hizo estas denuncias hace dos meses, al insistir en que en los bombardeos del 30 de agosto había presencia de menores de edad.
Carreño, que tres de los menores muertos fueron reclutados forzosamente en Puerto Rico y que las autoridades ya conocían de estos hechos, que había denunciado tres meses antes.
El jefe del ministerio público afirmó que el gobierno, desde la Fuerza Pública hasta el Bienestar Familiar, ignoraron las denuncias previas y posteriores al operativo de destrucción del comando insurgente en el que murieron los menores.
Agregó que las denuncias fueron hechas a las autoridades y fueron consignadas en las actas de los Consejos de Seguridad en las que participó. Concretamente reportó casos de reclutamiento forzado, presencia de grupos armados en la zona y un aumento en la intensidad de las acciones armadas. Después del bombardeo puso la denuncia en la Fiscalía del reclutamiento y del homicidio de los menores.
Los niños y sus familias
Se trata de la denuncia de los casos que logró documentar y que corresponden a las tres niñas que murieron en los bombardeos: Diana Medina, de 16 años; Luz Ángela Pérez Bonilla, de 13 años; y Luz Mar Jaramillo, de 17 años. “La respuesta fue nula tanto de la Fuerza Pública como de la Fiscalía. Yo también denuncié a varios organismos de protección de derechos humanos y estos si nos atendieron y brindaron orientación a los familiares”.
A las Personería se acercaron a buscar orientación jurídica las tres familias de las jóvenes que vivían en el área rural de Puerto Rico, Caquetá. Aunque perdió contacto con ellos, sabe que el cuerpo de la niña de 13 años fue entregado a sus familiares y estos la inhumaron. Sobre las menores de 16 y 17 años supo que no las habían entregado a sus familiares, ya que Medicina Legal no tenía completos los cuerpos.
Personero teme por su vida
Sobre las investigaciones, el personero asegura que la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Es más, por estos hechos está amenazado. La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene el registro de las amenazas en su contra. También señaló que su antecesor, Freddy Chavarro, fue asesinado en su casa del barrio Santa Fe de ese municipio, la medianoche del 24 de diciembre de 2017.
“Hay una displicencia por parte del Estado. Me siento solo trabajando en estos temas, tan así que pienso renunciar a mi cargo la próxima semana porque no se me ha dado las garantías de seguridad. Es lamentable que las denuncias cobren relevancia solo ahora que las hizo un senador y no cuando lo hizo un servidor público de un municipio de categoría 6” dijo el jefe del ministerio público al diario El Espectador.
“Operativos mal hechos, mentirosos”
Para Herner Carreño se trató de una respuesta acelerada y desacertada, teniendo en cuenta si ya había denunciado a la Fuerza Pública la presencia de menores y es de simple lógica que, si están siendo reclutados en la zona, pues van a estar en los diferentes campamentos de las disidencias que hay en la zona. Era apenas previsible.
Peor aún, después del bombardeo no pasó nada. Yo solicité que se convocara al grupo de acción inmediata contra el reclutamiento forzado. Ese equipo se reunió y como Ministerio Público les di un mes de plazo para que realizaran acciones preventivas para evitar más raptos de jóvenes. Esa reunión tenía que realizarse el 18 de octubre, pero no se realizó porque no asistió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ni el alcalde, contó el personero.
Otros hechos relacionados tienen que ver con las declaraciones del general Nicasio Martínez a El Tiempo el 14 de septiembre cuando dijo que la mitad de los miembros de la disidencia son menores. También están denuncias de otros personeros, como el de Solano, Caquetá, que también hizo denuncias.
¿Y quién cuida a los niños?
El Estado les falló dos veces a esos niños. Primero cuando se denunció sobre el reclutamiento de menores y no se hizo nada y luego cuando se hizo un bombardeo en un campamento sabiendo que había presencia de menores, así lo recalcó el personero al relatar que estos menores vivian en la vereda Pringamosa, corregimiento de Lusitania cuando fueron sacados de sus hogares a finales de junio; por eso llevaban mes y medio en las disidencias de las Farc.
Contó que se trata de niños que vienen de hogares con mucha escasez que son presionados y al mismo objeto de convencimiento, en una etapa de acercamiento, de enamoramiento, y luego son llevados a los campamentos, luego de ser sacados de sus territorios.
Son niños que viven en una zona donde está el conflicto y hay olvido del Estado, del orden nacional, departamental y local. No hay presencia del Estado. Estos niños que terminan siendo doblemente víctimas de la violencia y de remate, luego del bombardeo a las fuerzas militares se les olvidó digerir esta tragedia y darla a conocer.
Víctima de la guerrilla por vivir en una zona apartada y del Estado por un bombardeo mal planeado, mal hecho, mal ejecutado.
¿El ejército y la inteligencia militar no sabían que había menores?
Pues si conocían de denuncias sobre el reclutamiento de menores y que estaban en esa zona, afirmó categóricamente Herner Carreño al explicar que se está ante el desplazamiento de sus familias, el reclutamiento forzado de menores y por último, operativos militares en procura de mostrar resultados.
