Contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones de alimentos a 15.580 acudientes que aparecen como fallecidos en la base de datos de la Registraduría Nacional.
La irregularidad ocurrió en el marco del Programa de Canastas Nutricionales para los más afectados de la pandemia del Covid-19.
Así lo denunció la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República.
Esas raciones tendrían un valor de 2.241 millones de pesos, si se tiene en cuenta que cada una costaría aproximadamente 80 mil pesos.
Hay fallas en el diligenciamiento de al menos 100 mil planillas por parte de los contratistas y operadores del ICBF.
Menores de edad fallecidos
Por ejemplo, detectó 48 entregas a 21 menores de edad fallecidos, algunas de estas en Nariño y Chocó.
Aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero en las planillas del Programa Canasta Nutricional del ICBF estarían siendo suplantados como beneficiarios.
“Su número de identificación está registrado en las planillas, pero aparece asignado con otro nombre y apellidos”, dice la DIARI.
Lo más insólito de los hallazgos de la Contraloría, es que algunas personas se registraban en el programa como padres de familia de más de 100 menores de edad.
Una madre reclamó las raciones para 172 niños y niñas en Chimichagua, Cesar, y un “hijo” más en el municipio de Fundación, Magdalena.
Otro adulto dijo ser el acudiente de 195 menores de edad en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander.
Otra persona pidió alimentos para 134 menores de edad en Buenaventura, Valle del Cauca, asegurando ser su tío político.
De igual manera, la Contraloría generó 25 alertas de contratos que no se cumplieron, que equivalen a $12.087 millones de pesos por entregar, en mayo, junio y julio.
Por ejemplo, en Medellín no se reportó por el ICBF una sola ración de 2.691 que se debían hacer.
