El Consejo de Estado decidió mantener la inhabilidad de 18 años que impuso la Procuraduría General en 2010 a María del Pilar Hurtado.
Es responsable de falta gravísima, cuando ordenó los seguimientos e interceptaciones ilegales
Las escuchas fueron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados y políticos de oposición durante el gobierno del expresidente Uribe.
La Procuraduría la sancionó en única instancia con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por 18 años.
Ella consideró que la decisión no respetó su debido proceso y que la Procuraduría extralimitó sus funciones.
Argumentó que se violó la Constitución al desbordar sus atribuciones legales, por eso acudió al Consejo de Estado para que anulara dicha sanción.
Sin embargo, el alto tribunal aseguró que la Procuraduría no actuó con desviación de poder.
Por el contrario, avaló el reproche que hizo en su momento, ya que “su conducta resulta totalmente opuesta a la ética institucional.
Agrega la decisión que “con su comportamiento reprochable, desconoció que los funcionarios que dirigen los entes públicos tienen el deber de observar mayor disciplina y pulcritud.
