El triunfo del senador Gustavo Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica consecuencias en la legislación colombiana.
La CIDH le ordena a Colombia modificar su Constitución y sus leyes.
En efecto, ninguna autoridad administrativa puede destituir a ningún funcionario elegido por voto popular.
Para hacer esos cambios, la Corte le da al país “un plazo razonable” que abre un margen de maniobra para las autoridades.
El gobierno considera que la orden de la Corte afectará la función de los órganos de control frente a casos de corrupción.
Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, señaló que la decisión de CIDH abre puerta a casos de corrupción en cargos de elección popular.
“Con la demanda, Petro logra que retrocedamos significativamente en la lucha contra la corrupción”, añadió Gómez.
