La Corte Suprema definió que al caso del expresidente Álvaro Uribe se le debe aplicar la Ley 906 (sistema penal acusatorio).
La razón es que el exmandatario dejó de ser aforado luego de su renuncia al Senado.
Además, la Corte ratificó las competencias de la jueza 30 de control de garantías de Bogotá para determinar si debe quedar en libertad.
La jueza también tendrá la competencia de determinar cuáles elementos, evidencias y testimonios tomados por la Sala de Instrucción de la Corte mantiene.
Se espera que en los próximos días se tome la decisión de si afrontará o no el proceso en libertad.
La votación para tomar esta decisión fue de 19-2.
Los dos magistrados que se separaron de la postura mayoritaria fueron Jaime Moreno y Gerardo Botero.
Cuando el caso regrese al despacho de la jueza, se citará la audiencia de solicitud de libertad requerida por el equipo legal de Uribe.
El proceso seguirá avanzando y lo que se definirá en los próximos días es si afronta el proceso en libertad.
