jueves, noviembre 21, 2024
Nacional

JEP imputó a 10 militares y un civil por falsos positivos en el Catatumbo

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia decidió imputar este martes a 11 “miembros del Ejército nacional y de la fuerza pública”.

El motivo son las ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”, caso en el que este tribunal, que nació del acuerdo de paz, investiga hasta 6.402 asesinatos.

La magistrada Catalina Díaz Gómez dijo que “imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil”.

Este es el primero de “por lo menos seis autos” que la JEP emitirá dentro de la fase de investigación de este macrocaso”.

Son al menos 6.402 homicidios a manos del Ejército para presentar a las personas como guerrilleros muertos en combate y recibir a cambio premios e incentivos.

Política institucional

La magistrada Díaz agregó que “estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos”.

También se refirió a la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”.

Se estableció que a los 120 civiles los presentaron como integrantes de la guerrilla que murieron en combate.

Sin embargo, algunas de las víctimas tenían hasta algunas discapacidades que les impedían usar o accionar Armas.

En muchos de los casos, a los civiles los engañaron los militares y colaboradores quienes los trasladaron desde otras regiones con promesas de trabajo.

Este es el primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que la JEP emitirá dentro del caso 03 como parte de la primera fase de la investigación.

Sigue indagación

La Jurisdicción continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por acción u omisión en el patrón macro criminal determinado.

Los hoy llamados a responder por las ejecuciones extrajudiciales tendrán un plazo de 30 días para comparecer y podrán aceptar o negar los hechos que se les indilgan o responsabilizan.

Sin embargo, si los hoy llamados no aceptan los cargos podrían responder con penas hasta de 20 años.

Los asesinatos de civiles para luego ser presentados como dados de baja en combate se registraron en los siguientes municipios de Norte de Santander:

Convención, El Tarra, Tibú, San Calixto, Hacarí, La Playa, Sardinata, Ábrego, Bucarasica, González, Ocaña, Río de Oto, Teorama y El Carmen.