La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles reclutadores.
La sala de reconocimiento de la verdad del tribunal actuó en el proceso relacionado con 303 casos de falsos positivos en el Casanare.
Entre los miembros imputados de la Brigada XVI están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, 2 coroneles, 3 tenientes coronel, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales.
Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar.
Los pobladores fueron estigmatizados y algunas familias padecieron con intensidad este fenómeno.
Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes.
Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el “kit de legalización”.
Más de 140 millones de pesos, provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar los falsos positivos entre 2005 a 2008.
Las víctimas de los falsos positivos fueron de Casanare, pero también de Boyacá, Meta y en Tame, Arauca.
Con la llegada del mayor general Henry William Torres Escalante a la Brigada XVI se incrementó la presentación de falsos positivos.
Él era plenamente consciente de que estaban presentado muertes ilegales y generó una competencia entre las unidades militares para sumar bajas.
¿Cómo operaban?
La organización criminal que operó dentro de la Brigada XVI en el Casanare y que fue dirigida por su comandancia funcionó en forma de red.
Las suborganizaciones actuaban con autonomía, distribución de funciones y para lo estrictamente necesario.
La estructura criminal se caracterizó por ser flexible y dinámica ante sus necesidades y los cambios institucionales, lo que facilitó la comisión de crímenes a partir de las distintas modalidades.
La información analizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad indica que se consolidó un sistema de roles asignados en función de la especialidad de los efectivos.
A la hora de seleccionar a las víctimas se emplearon diferentes mecanismos:
El engaño o la retención de personas con antecedentes o anteriormente vinculadas a grupos criminales, o que eran familiares de integrantes de estas organizaciones, o víctimas sin ningún tipo de relación con grupos ilegales o en estado de vulnerabilidad, como sucedió con el asesinato de una trabajadora sexual.
Los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes.
También porque se seleccionaban perfiles específicos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en búsqueda de oportunidades.
Bajo estas circunstancias, no medió resistencia de las víctimas que eran llevadas al lugar de su ejecución.
La Sala también encontró prácticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos.
Daños sufridos por las víctimas
A causa de la desaparición y muerte de sus seres queridos, las víctimas se enfrentaron a daños morales, psicológicos y físicos.
Sufrieron de depresión, ansiedad, alucinaciones con sus familiares e incluso intenciones suicidas.
Sufrieron múltiples afectaciones que, además, pasan por rupturas de sus relaciones familiares, incertidumbre, angustia, estigmatización, revictimización, amenazas, hostigamientos y afectaciones al patrimonio familiar, entre otros.
La JEP evidenció una afectación específica en las mujeres. Muchas de ellas debieron modificar sus proyectos de vida para “hacer de madre y padre”.
Igualmente, sufrieron daños a la honra, buen nombre y dignidad de sus seres queridos que fueron presentados al país como guerrilleros, milicianos o delincuentes muertos en combate.
Incluso hubo un ensañamiento con familias específicas porque varios de sus integrantes fueron asesinados o desaparecidos.
Esto causó profundas rupturas en los núcleos familiares y el desplazamiento de todos o de algunos de sus integrantes.
Ahora los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer o no los crímenes de guerra y de lesa humanidad por 303 casos de falsos positivos en Casanare.
