El Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP informó sobre el accionar del ELN contra el acuerdo de paz.
Indica el informe que esta guerrilla aprovechó la ausencia de una política integral del Estado que permita consolidar la paz territorial.
Reportó que a dos excombatientes y siete líderes sociales los asesinaron entre el 25 de enero y el 7 de febrero.
También que en este periodo hubo una masacre cada tres días.
Agrega que los planes criminales de control y recuperación territorial del ELN son un obstáculo para el trabajo de la JEP y la consolidación del Acuerdo Final de Paz.
Solo en Catatumbo, durante 15 días, 250 personas se desplazaron y un líder social fue asesinado cada cuatro días.
También hubo emboscadas, combates y atentados terroristas amenazan la seguridad de las comunidades.
A este panorama se suma una alerta que también lanzó el informe de la UIA sobre la intención del ELN de realizar un “paro armado”.
Es una forma de mostrar poderío militar y reaccionar ante la ofensiva del Clan del Golfo y Los Rastrojos.
En el suroccidente del país, donde el ELN mantiene desde 2019 una disputa por el Cañón del Micay, el 4 de febrero se presentó una masacre.
En esta región el recrudecimiento de la violencia se convierte en obstáculo para la realización de diligencias forenses por parte de la JEP.
Ciertos comparecientes habían manifestado el interés de esclarecer los lugares donde enterraron clandestinamente cuerpos de víctimas en esta convulsionada zona.
