El Gobierno Nacional reconoció que en Colombia los defensores de derechos humanos son víctimas de violencia sistemática.
Por eso, publicó un documento Conpes que buscará establecer políticas para dar garantías y respeto a la labor de esa población en el país.
Andrés Idárraga, defensor de DDHH y del acuerdo de paz, indicó que “es un documento que está proyectado a cinco años”.
Considera es un plazo muy corto para restablecer las situaciones de violencia que se han generado en el gobierno de Duque.
Sobre el tema también se refirió Clemencia Carabalí, premio Nacional Defensa de Derechos Humanos 2019-2020.
Dijo que “es muy importante que el Gobierno avance en el reconocimiento de la realidad que padecemos en todos los territorios los líderes de derechos humanos”.
En medio de la noticia del reconocimiento de la situación por parte del gobierno, se conoció de una nueva crisis.
La emergencia humanitaria se registra en las comunidades indígenas de siete veredas que se desplazaron al resguardo de Pueblo Nuevo, en Dabeiba.
Sector al que llegaron a resguardarse 286 familias indígenas, conformadas por 984 personas, por temor a ser víctimas del accionar violento.
