El Gobierno tiene previsto radicar ante el Congreso de la República un nuevo proyecto anticorrupción.
La iniciativa fue construida por 25 entidades del Estado en cabeza del presidente de la República.
También participaron la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría.
El proyecto plantea drásticos cambios a la figura de extinción de dominio y la protección de testigos.
También aborda cambio en las medidas contractuales a los aportantes de campañas electorales, así como la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción.
El proyecto crea un régimen sancionatorio a las empresas, similares a los que se han venido instaurando en países más desarrollados.
El objetivo es que los representantes de esas empresas reciban las condenas por los delitos.
Uno de los temas es la reforma a la figura de la extinción de dominio, pues se propone acortar los plazos.
También propone incluir a los ciudadanos como víctimas de hechos de corrupción dándoles una indemnización efectiva.
Asegura medidas de protección a quienes reciban amenazas y se encontraren en situación de riesgo extraordinario o extremo por denunciar dichos actos.
Esta iniciativa también buscar fortalecer la DIAN, con la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB).
