La fiscalía general de la Nación vinculó como tercero civilmente responsables a la multinacional Drummond, por los homicidios de los Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato Sintramienergética, ocurridos el 12 de marzo de 2001 en el departamento de Cesar.
La emisora W radio informó que la fiscal Diana Mercedes Salazar Solís adscrita a la Fiscalía 251 delegada ante los jueces Penales del Circuito Especializados, determinó:
“Vincular como tercero civilmente responsable a Drummond Ltd., a través de su representante legal, en Colombia, a quien, se le notificará esta decisión y las que se profirieran, en el marco de este asunto, en los términos de la sentencia C-1075/02″, señala la decisión de la Fiscalía General de la Nación.
En la misma decisión, la Fiscalía admite la demanda de parte civil que interpusieron los familiares reconocidos como víctimas de los crímenes, por los daños y perjuicios que tuvieron que padecer tras 21 años de lo sucedido.
“Reponer la resolución del 1 de septiembre de 2022 y, en consecuencia, admitir la demanda de parte civil, presentada, a través de apoderado, por Gustavo Alberto y Greysy Paola Locarno Larios, y Josefina Matilde Larios Henriquez”, señala el documento.
Empleados de Drummond
También se establece que, “el Despacho considera que, de acuerdo con la condición que detentaron los vinculados Jorge Garzón Hernández, Ricardo Linero González, Luis Carlos Rodríguez Victoria y Alfredo Santander Araujo Castro, a saber, empleados de Drummond Ltd., y lo que revela el expediente, en cuanto el eventual propósito de las conductas punibles pudo contraerse a realizar acciones de «seguridad», contra presencia subversiva que pudiera afectar a la actividad carbonífera de la multinacional”, menciona el documento.
El 7 de octubre de 2019 se ordenó la compulsa de copias para investigar a los directivos o empleados del Departamento de Seguridad de la multinacional Drummond Ltd., “por financiar y promover, la creación y los propósitos ilícitos del frente Juan Andrés Álvarez del bloque norte de las autodefensas, entre 1996 a 2001, en el departamento del Cesar, en particular, en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná, donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas, y el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a cambio de beneficiarse de la «seguridad» que su incursión, presencia y operación pudieron representar”.
En el documento también se menciona que otra de las supuestas funciones que tenía ese grupo paramilitar era “repeler las acciones atentatorias contra su infraestructura y empleados, frente a otras estructuras al margen de la ley que, para la época, hacían presencia en la zona, tales como, las Farc y el ELN”.
Fuentes de la Fiscalía también le revelaron que, de acuerdo con la investigación desarrollada y con base en la normatividad legal vigente y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, se tomó la decisión de aceptar la solicitud que hicieron los familiares, reconocidos como víctimas dentro de este caso en el que buscan verdad y reparación.
Así ocurrieron los crímenes
El 12 de marzo de 2001, en zona rural del departamento del Cesar, específicamente en la vereda Casa de Zinc en Valledupar, mientras se desplazaban en uno de los buses que dispuso el contratista, a las víctimas Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de la organización sindical Sintramienergetica de la mina de la multinacional Drummond las interceptaron integrantes del frente Juan Andrés Álvarez del bloque norte de las Autodefensas, quienes los obligaron a descender a todos los ocupantes del vehículo y luego de varios minutos, de identificar a Locarno Rodríguez, le quitaron su arma de juego y posteriormente, le dispararon e inmediatmente murió.
“Seguidamente, identificaron a Orcasita Amaga, llevándoselo en la camioneta que conducían y pasada la medianoche de ese día, se descubrió su cuerpo sin vida, en el Corregimiento Loma Colorada de la jurisdicción del departamento del Cesar”, apartes del documento de la Fiscalía.
Por estos hechos, se han emitido sentencias condenatorias contra los exintegrantes de esa organización paramilitar.
