Políticos, funcionarios, congresistas, parlamentarios y personajes vinculados en los famosos procesos: 8000, Parapolítica, Yidispolítica, Chuzadas del Das, magnicidios y masacres, la narcopolítica y el Carrusel de la contratación en Bogotá estarían preparando acciones de tutela para obtener, al igual que el exministro Andrés Felipe Arias la revisión de sus condenas en procura de tener una doble instancia; luego de ser reconocido hoy por la Corte Constitucional este amparo.
Para algunos expertos, la decisión que favorece a Arias abre una gran puerta que afecta a por lo menos 230 personas a las cuales la Corte Suprema de Justicia condenó en única instancia. Bajo el precepto del derecho a la igualdad, las acciones de los otros condenados podrían correr el mismo rumbo y terminar otorgándoles a cada uno de ellos, el derecho a la doble instancia.
En un largo proceso iniciado en la Corte Suprema que negó tres veces en diferentes salas (laboral, penal y civil) la tutela de Arias, el sí de la Corte Constitucional permitiría que los demás condenados en única instancia tendrían el mismo derecho de presentar un recurso contra su sentencia condenatoria.
¿Ley del 2018 tendría efectos retroactivos?
Antes de que entrara en vigor la ley de doble instancia, aprobada por el Congreso a partir de 2018, para que los llamados aforados (servidores públicos con fuero especial) pudieran tener dos instancias en la Corte Suprema de Justicia; desde 1991, cuando fue aprobada la Constitución Política que pone en manos del alto tribunal el juzgamiento de altos funcionarios, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema condenó a unos 230 aforados (altos funcionarios como ministros, fiscales, congresistas, entre otros) en única instancia.
La explicación está dada en lo preceptuado en la carta constitucional y la ley, que fijaron como reglas de juego que los altos funcionarios no tuvieran dos instancias —como cualquier ciudadano—, sino que fueran juzgados y se emitiera en sus casos un único fallo, sin posibilidad de apelación, bajo la garantía de ser juzgados por el máximo órgano de la justicia penal.
Casos famosos de corrupción y violencia en Colombia
En la lista de la parapolítica figuran muchos nombres entre ellos, los exgobernadores: Hugo Aguilar Naranjo, de Santander; Witman Herney Porras y Oscar Leonidas Wilches, de Casanare; los exsenadores: Salvador Arana, Álvaro Araújo, Mario Uribe Escobar (primo del expresidente Uribe), Juan Carlos Martínez Sinisterra, del Valle; quienes podrían solicitar la impugnación de sus fallos de única instancia.
En la denominada narcopolítica se reabrirían casos como el del exfiscal Guillermo León Valencia Cossio, condenado por favorecer a narcotraficantes. Incluso, podría ser apelado el fallo condenatorio de 30 años contra el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez por el magnicidio de Luis Carlos Galán.
En el sonado caso de las chuzadas, aparecen nombres como el de María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que podría apelar su condena de 14 años, al igual que el exsecretario de Palacio Bernardo Moreno. Del DAS, también podría apelar el exdirector Jorge Noguera Cotes, condenado por las interceptaciones ilegales y por el homicidio del profesor barranquillero, Alfredo Correa de Andreis.
De la alcaldía de Bogotá, del ‘carrusel de contratos’ podría pedir revisión de la condena de 14 años de prisión, el exsenador Iván Moreno, hermano del alcalde Samuel Moreno y el excongresista, Germán Olano Becerra.
En la ‘Yidispolítica’, se podrían reabrir los procesos contra los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, condenados por ofrecer dádivas a cambio de que congresistas votaran a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Inclusive, la misma Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, legisladores que dieron origen a esta historia de la política nacional.
Como partícipes en algunos de los episodios más violentos del país, están algunos condenados como autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad y masacres como la de Macayepo (Bolívar), el excongresista, Álvaro García Romero o César Pérez García, ex parlamentario, condenado por su participación en la masacre de Segovia, Antioquia.
