Por Isabella Pulgar Mota *
Hace poco más de cuatro meses, durante el pasado periodo de sesiones de la Asamblea del Atlántico, propuse —y fue aprobado por la plenaria— la realización de un debate de control político sobre la crisis que atraviesan las instituciones públicas de salud en el departamento. En especial, solicité evaluar el funcionamiento de lo que en su momento nos presentaron a los atlanticenses como la solución a los graves problemas en la atención que reciben los ciudadanos: la ESE Universitaria UNA.
La creación de esta entidad, que concentraría las operaciones de cuatro instituciones manejadas por la Gobernación (Hospital Niño Jesús, Cari Alta Complejidad, y los hospitales de Sabanalarga y Soledad), ha resultado ser peor que la enfermedad que intentaba curar. Lo más preocupante es que, frente a las múltiples inquietudes de la ciudadanía sobre el pésimo servicio que presta, ni su gerente ni el secretario de Salud han dado respuestas satisfactorias.
Cumpliendo con mi labor como diputada y con el propósito de garantizar que el debate en la Duma Departamental cuente con información completa, he solicitado en reiteradas ocasiones un balance detallado de los últimos años de facturación de la nueva ESE. También he pedido datos claros sobre las deudas acumuladas, los pagos realizados tanto para la operación como para cubrir compromisos previos, así como una evaluación de la viabilidad de esta entidad, dada su aguda crisis financiera y su limitada competitividad frente a la red pública municipal.
Sin embargo, a pocos días de que termine el último periodo de sesiones ordinarias de 2024, el debate aún no tiene fecha programada, lo que resulta incomprensible. Por esta razón, hago un llamado urgente a la mesa directiva de la Asamblea para que habilite los espacios necesarios que permitan esclarecer el sombrío panorama en el que se encuentra la salud en nuestro departamento.
Es fundamental, por ejemplo, conocer los detalles de los contratos con aliados estratégicos, que a simple vista parecen diseñados para beneficiar únicamente a los contratistas, en perjuicio de la ESE Universitaria UNA y, por ende, de los recursos de los atlanticenses.
Las respuestas parciales y fragmentadas que hemos recibido no arrojan suficiente claridad sobre aspectos financieros, costos ni tarifas de medicamentos. Esto subraya la necesidad de un análisis profundo y exhaustivo. La salud de los ciudadanos del Atlántico está en juego y, hoy por hoy, el panorama sigue empeorando.
Diputada del Atlántico*
