A pesar de que una tutela le ordenó abstenerse de aplicar la modificación a la ley de garantías, el presidente Iván Duque anunció que firmara la norma.
Según el mandatario “un juez de la República no tiene la potestad de decirle al jefe de Estado qué debe o no objetar”.
La decisión de Duque agrega un nuevo ingrediente a la polémica por la inclusión en la ley de presupuesto de 2022 la reforma a la norma electoral.
Hacía unos días un juez administrativo de Bogotá ordenó la suspensión de la modificación a la Ley de Garantías que aprobó el Congreso.
La decisión del juez la aplaudieron desde la oposición, al considerar que están buscando favorecer electoralmente a las colectividades afines al gobierno.
A la inclusión de la reforma la califican de “mico”, como denominan a las normas que le “cuelgan” a las leyes para favorecer intereses particulares.
Desde el gobierno y las mayorías parlamentarias afirman que lo que se pretende es la reactivación económica después de la pandemia de covid-19.
Ley ordinaria y estatutaria
Durante la discusión de la ley de presupuesto del 2022 en el Congreso incluyeron en el articulado una reforma a la ley de garantías electorales.
La ley 996 de 2005, de carácter estatutario, prohíbe que meses antes a las elecciones las alcaldías y gobernaciones suscriban convenios interadministrativos.
Lo que se pretende con esta norma es que esos convenios es que esas administraciones se perpetúen el poder, apoyados en los recursos del Estado.
Cuando en el congreso aprobaron que se podían hacer esos convenios, la oposición se opuso por las siguientes razones:
- Desde las alcaldías y gobernaciones se van a beneficiar a los candidatos a Congreso y Presidente que sean afectos a la actual administración.
- Una ley ordinaria, como es la ley de presupuesto, no puede modificar una ley estatutaria, como es de garantías electorales.
- Se viola la unidad de materia que deben observar las leyes, porque la reforma no debe hacer parte del presupuesto.
Mico en la ley
Apenas aprobaron el presupuesto (con el mico de la suspensión de la ley electoral), varios parlamentarios demandaron ante la Corte Constitucional.
Sin embargo, advirtieron que cuando el alto tribunal se pronuncie ya se habrán realizado las elecciones, con el correspondiente daño a la democracia.
Cuando el actual presidente Iván Duque ocupaba una curul como senador, se opuso rotundamente a la iniciativa que en ese momento presentó el presidente Juan Manuel Santos.
