Como un nuevo caso de “falsos positivos” fue calificado por organizaciones de derechos humanos la muerte de civiles por parte de militares en Putumayo.
La denuncia la presentaron la Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac).
Afirman que las Fuerzas Militares presentaron civiles como disidentes Farc muertos en una operación realizada el lunes 28 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).
Las organizaciones sociales denuncian que entre los 11 muertos que registró el Ejército Nacional, habría por lo menos 7 civiles.
Entre los muertos están Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso y su esposa Ana María Sarria Barrera.
Igualmente, Brayan Santiago Pama, un menor de Edad 16 años y Pablo Panduro Coquinche, Gobernador del Cabildo Kichwa.
Asimismo, señalan que habría una persona identificada como Oscar Olivo Yela y otras dos conocidas como ‘Pequeño’ y ‘Cuéllar’, habitantes de la zona.
Según esa Red de Derechos Humanos, la comunidad reporta cuerpos desaparecidos.
También informan desplazamiento de los habitantes de la vereda Alto Remanso, donde se realizó la operación militar.
Por su parte, la Opiac entregó una versión de uno de los familiares de estas personas.
Al parecer, antes de la operación del Ejército, las víctimas se encontraban en una ‘caseta comunal’ donde realizaban un ‘bazar’.
Allí habrían recolectado ‘11 millones de pesos’ para las necesidades de la misma vereda.
La Opiac considera que es un ‘falso positivo’ por parte de las Fuerzas Militares.
Le piden al ministro de Defensa, Diego Molano, retractarse de un trino en el que informa de la operación militar.
Solicitaron a la Fiscalía y a la Policía Judicial garantías para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.
Esa organización indígena indicó que Pablo Panduro Coquinche fue elegido como Gobernador del Cabildo Kichwa el pasado 15 de enero.
Por ahora, no ha habido una respuesta concreta a estas denuncias de las organizaciones indígenas y de Derechos Humanos.
Un día después de la operación militar, el Ejército Nacional presentó una declaración y un comunicado de prensa.
El jefe del Comando Conjunto N°3 Suroriente, general Edgar Rodríguez, informó que la ofensiva estaba dirigida contra una comisión de finanzas de la disidencia Farc.
Según dijo el alto oficial, el objetivo principal era ubicar a alias ‘Bruno’ quien, al parecer, “se encargaba en el caserío del Alto Remanso de reunir a la población civil, de recibir la pasta base de coca para comercializarla y les cancelaba.
El general Rodríguez aseguró que los muertos son “11 integrantes de esta estructura criminal y cuatro fueron heridos”.
Los cuatro capturados, según detalló el Ejército, resultaron heridos en medio de los combates.
“Precisamente, minutos antes, en medio del combate, los miembros de ese GAO-r atacaron con ráfagas de fusil a quienes luego se encargaron de estabilizarlos y salvarles la vida”, indica el comunicado.
Entre los heridos se encuentra una mujer en estado de embarazo, quien haría parte de esta estructura criminal y habría participado en el ataque armado a las tropas.
“Esta persona, según información preliminar, presenta una afectación leve en una de sus piernas”, dice el Ejército.
En el mismo hecho, un soldado resultó herido. De momento, se han incautado seis armas de fuego, material de intendencia y munición.
Será Medicina Legal la encargada de la identificación de los cadáveres. Se desconoce si entre los fallecidos está algún cabecilla.
