Ante el panorama de desabastecimiento, escasez y problemas de suministros de medicamentos que está afectando grave y sistemáticamente el derecho a la salud de la población colombiana, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los actores del sistema de salud, en cabeza del Ministerio de Salud, para que implementen medidas cuyo fin sea reducir el impacto negativo que pueda generar lo que está ocurriendo.
Debe ser garantizado el acceso a tratamientos e informada la comunidad nacional sobre la actual situación.
“Los medicamentos son necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas, huérfanas y raras, si no cuentan con ellos pone en altísimo riesgo la salud y vida de esta población vulnerable, y también compromete la salud de sus familias y cuidadores”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El Defensor aclaró que, independientemente de que sea responsabilidad de las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud los pagos de presupuestos máximos del sistema a través de la ADRES, “la salud no debe estar sujeta a trámites administrativos o financieros porque priman ante todo los derechos inalienables de las personas”.
Debe ser responsabilidad de los aseguradores garantizar la prestación de los servicios de salud de manera integral y efectiva con oportunidad y calidad.
“No puede ser excusa de ninguna índole la negación de medicamentos, tecnologías e insumos no incluidos en el PBS porque de esto depende, en la mayoría de los casos, el bienestar, la salud física y mental y la vida de las personas”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
Derecho a la salud
La Defensoría insta a los diferentes actores a cumplir con las funciones y la relación directa con todo el proceso relacionado con los medicamentos. El Ministerio de Salud debe hacer cumplir la legislación sobre medicamentos que se van a reconocer como parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS, antiguamente POS).
El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene la misión de proteger y promover la salud de la población mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.
Por otro lado, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) están legalmente obligadas a entregarles los medicamentos a sus afiliados. Los laboratorios fabricantes de medicamentos son los directamente responsables de la fabricación y distribución de medicamentos en el mercado farmacéutico, pues ni el Ministerio de Salud, ni el Invima, ni las EAPB tienen la competencia legal o técnica para realizar esas actividades.
“Las EPS y los gestores farmacéuticos deben poner en marcha acciones que mitiguen el efecto sobre los usuarios, como buscar nuevos proveedores, usar alternativas terapéuticas con la misma familia farmacológica, adquirir medicamentos por el canal comercial para ciertas condiciones de salud, entre otras”, señaló el Defensor del Pueblo.
Camargo Assis también pidió a las autoridades sanitarias del orden nacional y territorial intensificar la inspección y vigilancia en las farmacias, droguerías y dispensarios, e intentar la apertura y estímulo de nuevos mercados para fortalecer la industria nacional y así procurar existencias suficientes en el futuro.
Claves en la dispensación
Audifarma y Cruz Verde son las empresas más grandes en el país que cumplen con la labor de dispensación de medicamentos a la población afiliada a diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.
Por eso, si no suministran los medicamentos generarían un riesgo de grandes dimensiones que impactaría los tratamientos de millones de personas tanto de enfermedades crónicas como de alto costo.
El número de medicamentos que no se están entregando ha aumentado en Audifarma. De 354.000 ítems no dispensados en septiembre del 2023 pasaron a 800.000 ítems que no pudieron ser entregados en febrero de este año.
Otras consecuencias
Igualmente, el no pago de los presupuestos máximos por parte del Ministerio de Salud y la ADRES está generando un deterioro de las finanzas tanto de las EAPB como de los operadores logísticos.
Esto llevó a la Corte Constitucional a pronunciarse mediante el Auto 2881 de 2023: insta al Gobierno a pagar los ajustes del 2021, 2022, 2023 y lo adeudado del 2024, que corresponde a enero, febrero y marzo.
“Muchos ciudadanos se ven obligados a acudir a farmacias particulares para adquirir los medicamentos que no encuentran en sus EPS, y en algunos casos tampoco los consiguen. El Gobierno Nacional debe liderar acciones que aborden esta problemática y reunir a todos los actores del sistema de salud, con el fin de encontrar soluciones conjuntas. Proteja el derecho a la salud de los colombianos, pero también sus bolsillos”, remarcó Carlos Camargo Assis.
